[Noticia] A continuación se presenta los Planes de Gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, sobre la PNP, FFAA y Seguridad Ciudadana.
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Planes de Gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, sobre la PNP, FFAA y Seguridad Ciudadana
Plan de Gobierno de Fuerza Popular
1. Seguridad Ciudadana
1.1. Diagnostico
La inseguridad ciudadana y la falta de orden se ha consolidado como el principal problema del país, afectando la calidad de vida, la estabilidad económica y la confianza en la inversión. En 2023, el 27,1% de la población urbana de 15 años o más fue víctima de algún hecho delictivo, y el 84% de los peruanos manifestó sentirse inseguro al transitar por su ciudad (INEI, 2024). Esta realidad refleja un entorno donde vivir con tranquilidad, trabajar con estabilidad y emprender con confianza se ha vuelto cada vez más difícil.
La violencia delictiva también se ha intensificado. Los homicidios y robos armados muestran un aumento sostenido, con crímenes cada vez más violentos y organizados. Según datos del Instituto nacional de Estadística e Informática, el Perú registró una tasa de homicidios de 6.74 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra superior a la de años previos. Estas dinámicas no solo amenazan el orden de la población, sino que desincentivan la inversión privada y el desarrollo de nuevas actividades productivas, afectando la competitividad y la generación de empleo formal. Garantizar orden para trabajar e invertir es, por tanto, condición esencial para el desarrollo del país.
En los últimos años, la extorsión se ha convertido en una de las formas más agresivas del crimen organizado, afectando especialmente a emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas. Se estima que más de 1,7 millones de peruanos han sido víctimas de este delito, que genera miedo, paraliza actividades y golpea la economía local y la formalización empresarial (Infobae, 2025). Combatir la extorsión y fortalecer la presencia del Estado en los barrios y zonas productivas es clave para recuperar el orden como base para vivir, trabajar, emprender e invertir en el Perú.
a. Deficiencias en la infraestructura y equipamiento policial
La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un déficit estructural de infraestructura y equipamiento. Según la Contraloría General de la República, las comisarías del país presentan serias deficiencias de equipamiento e infraestructura (Contraloría General de la República, 2024b). Específicamente, 7 de cada 10 comisarías en el país operan en condiciones de infraestructura precaria y el 44% carece de servicios básicos como agua, desagüe o electricidad.
Específicamente, 7 de cada 10 comisarías en el país operan en condiciones de infraestructura precaria, y el 44 % carece de servicios básicos como agua, desagüe o electricidad (Ministerio del Interior, 2022).
Además, no existe una red nacional moderna de centros de control y videovigilancia. Los municipios han instalado cámaras de seguridad de manera desarticulada, sin interoperabilidad entre distritos o con la Policía (Ministerio del Interior, 2022). Asimismo, la falta de infraestructura para el almacenamiento y análisis de datos limita el uso de esta información en la prevención del delito, situación evidenciada en los hallazgos de la Contraloría, que reportó más de 1,500 cámaras inoperativas y la ausencia de planes de mantenimiento en la mayoría de municipios (Contraloría General de la República, 2025).
En materia de equipamiento policial, la Policía Nacional del Perú enfrenta serias limitaciones logísticas que afectan su capacidad operativa. Según datos correspondientes al año 2022, el 82% de los vehículos pertenecientes a comisarías se encontraban inoperativos, incluyendo unidades recuperables e irrecuperables; además, el 61% de las motocicletas y el 58% de las camionetas policiales asignadas a comisarías estaban fuera de servicio, lo que reduce significativamente la presencia policial en las calles y limita la respuesta frente al delito (Ministerio del Interior, 2022).
b. Desfase tecnológico para el orden
Hasta la fecha, no existe en el Perú un sistema nacional moderno que integre automatización avanzada como reconocimiento facial, mapeo delictivo o alertas tempranas en orden ciudadano. Aunque el SINASEC promueve la coordinación estadística integrada (Decreto Supremo N° 011-2014-IN) —que cubre aspectos analíticos— y el Mininter ha implementado – en Lima y algunas ciudades del norte- iniciativas para la gestión e investigación policial (septiembre 2023), estas herramientas aún están limitadas en alcance y no existe un Sistema Nacional Integrado de Información para la Seguridad Ciudadana.
La inteligencia policial en el Perú enfrenta limitaciones estructurales y funcionales que afectan su capacidad para enfrentar el crimen organizado. Diversos estudios han señalado la falta de personal técnico especializado, sistemas modernos de análisis de datos y herramientas de vigilancia, lo que reduce la eficacia en la identificación de redes delictivas complejas como la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el narcotráfico (Revista Escpogra PNP, 2022).
c. Limitaciones en la capacidad operativa
Actualmente, el Perú cuenta con cerca de 140,000 efectivos policiales, pero con altos niveles de sobrecarga operativa. Se estima que solo el 30% realiza funciones de patrullaje preventivo, mientras el resto se encuentra en labores administrativas o asignaciones especiales (Seguridad del Estado, escoltas, etc.). Esto deja zonas vulnerables sin presencia policial efectiva, especialmente en provincias. Además, el modelo de patrullaje integrado (Serenazgo con la PNP) carece de marco normativo nacional y de protocolos operativos comunes. El serenazgo no tiene potestades legales ni formación suficiente, y su coordinación con la policía es irregular; por ejemplo, el 55% de las comisarias no realiza patrullaje integrado con la Municipalidad de su jurisdicción (Ministerio del Interior, 2022).
En paralelo, se registra una ola de crímenes violentos en las principales ciudades: en 2023, el país alcanzó una tasa de 9.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, con picos alarmantes en Piura, Trujillo y Lima Norte. Los delitos vinculados al crimen organizado (como la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos) han penetrado sectores como el transporte, construcción civil, minería y los pequeños negocios.
d. Debilidad institucional
La lucha contra la inseguridad requiere un Estado con autoridad y capacidad operativa. Sin embargo, la Policía Nacional ha sido objeto de debilitamiento institucional, con altos mandos inestables, rotación frecuente de ministros del Interior (más de 20 en la última década) y procesos disciplinarios sin resultados visibles. La falta de meritocracia y el uso político de los ascensos impacta de manera negativa en la moral interna.
Por su parte, los gobiernos locales cuentan con el Programa Presupuestal 030, orientado a la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad. Este programa ha mostrado una tendencia creciente en su ejecución presupuestal, pasando del 76 % en 2019 al 90 % en 2024 (Ministerio del Interior, 2024). Sin embargo, más del 70% del presupuesto de seguridad se gasta en bienes menores (chalecos, silbatos y charlas) sin impacto real.
Finalmente, la ausencia de una política criminal nacional articulada, con enfoque territorial, ha generado superposición de funciones entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y municipalidades. La impunidad, que supera el 90% de casos de robos, asaltos o extorsiones, alimenta la percepción de abandono estatal.
1.2. Nuestras Propuestas
a. Prevención del delito
- Lanzamiento del “Programa Nacional de Prevención Temprana” liderado desde
Presidencia de la República, a fin de brindar programas deportivos, culturales y artísticos para niños y adolescentes con factores de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad juvenil, con acompañamiento de tutoría, becas, formación técnica y orientación psicosocial. - Instalación del Consejo Presidencial de Prevención del Delito y Convivencia Ciudadana, presidido por Presidencia de la República, que sesione en regiones priorizadas para escuchar directamente a madres, jóvenes y autoridades locales.
- Promoción de escuelas deportivas como herramientas de prevención y reintegración social de adolescentes en riesgo, en alianza entre la PNP, gobiernos regionales y locales y juntas vecinales.
- Lanzamiento de un programa de “Empleo Joven con Futuro” para reducir el ingreso de jóvenes a economías ilegales.
- Implementación de servicios integrales de prevención contra violencia escolar,
reclutamiento juvenil por pandillas y violencia contra la mujer, tal como las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES). - Recuperación de espacios públicos mediante acciones integradas de iluminación,
videovigilancia, patrullaje y actividades comunitarias que fortalezcan el orden y la convivencia ciudadana. - Refuerzo del patrullaje en zonas críticas mediante la reorientación del 24×24, priorizando presencia policial efectiva en provincias y fronteras, mediante análisis geoespacial del delito.
- Incremento del patrullaje motorizado y aéreo (drones) con tecnología GPS y cámaras de reconocimiento facial para mejorar la capacidad de respuesta en tiempo real.
- Implementación de la Plataforma “Perú con Orden”, un sistema de información en tiempo real que integre denuncias, zonas de riesgo, mapas de calor delictivo y alertas comunitarias.
- Modernización integral del equipamiento policial, incorporando tecnología de vigilancia predictiva, drones, cámaras corporales y sistemas de geolocalización.
- Construcción y modernización de comisarías seguras y sostenibles, priorizando regiones con infraestructura precaria.
- Ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo de Capacidades de la Policía Nacional del Perú (Mariano Santos Mateos), elaborado con el apoyo de la Embajada Británica, asegurando su implementación efectiva mediante financiamiento público sostenido y la cooperación de misiones técnicas internacionales.
- Profesionalización en dos líneas: Seguridad y Orden Interno e Investigación Criminal, con formación universitaria y convenios internacionales.
- Fortalecimiento de las escuelas policiales a macro-regionales de alta calidad.
- Ampliación y fortalecimiento del proceso de convocatoria policial para identificar, formar y seleccionar a jóvenes con vocación de servicio, disciplina e integridad, asegurando el ingreso de futuros policías con valores éticos y compromiso ciudadano.
- Implementación de tecnología preventiva mediante un “Botón de Pánico” que permitirá activar alertas inmediatas a la Policía y servicios de emergencia desde sus teléfonos celulares, facilitando la atención rápida ante situaciones de riesgo, violencia o amenazas.
- Lanzamiento del “Programa Nacional de Prevención Temprana” liderado desde
b. Combate y control
- Implementación rápida de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) interconectados a nivel nacional, con mapas del delito en tiempo real e inteligencia artificial para el análisis predictivo y la coordinación de emergencias, así con patrulleros y cámaras orientadas a reducir la inseguridad y recuperar los espacios tomados por el crimen.
- Implementación de un Plan de Emergencia para combatir la inseguridad ciudadana a través de la delegación de facultades legislativas por 60 días, complementadas con Decretos de Urgencia en materia económica y financiera.
- Establecimiento de un Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y el Crimen Organizado, integrado por Presidente de la República, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Ministros del Interior, Defensa y Justicia, Jefe del INPE, FF.AA., PNP y organismos de inteligencia
- Control de cadenas de valor criminales con interdicción de insumos, rutas y puntos de comercio, a fin de combatir la minería ilegal, narcotráfico, trata de personas y extorsión.
- Modernización y fortalecimiento de SUCAMEC y DREMs para la fiscalización del desvío de explosivos y armas.
- Culminación de la implementación nacional del SIPMMA (Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal) para trazabilidad de insumos y minerales.
- Establecimiento de comandos mixtos integrados por la PNP, FF.AA., Fiscalía y SUNAT, en zonas críticas para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado.
- Fortalecimiento del control y la gestión de las fronteras mediante la integración de tecnología, cooperación interinstitucional y desarrollo socioeconómico en zonas fronterizas.
- Creación de Unidades de Inteligencia contra la Extorsión de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs).
c. Procesamiento
- Creación de nuevas Unidades de Flagrancia Express y fortalecimiento de las 28 unidades existentes, para garantizar una articulación efectiva entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, asegurando procesos inmediatos y sentencias rápidas contra el delito.
- Ampliación del sistema de flagrancia para delitos complejos (extorsión, sicariato y cobro de cupos).
- Reforma integral del sistema de justicia, acompañada por sus propios actores, tal como el Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Policía Nacional del Perú, INPE, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros, con el fin de garantizar independencia judicial, celeridad procesal, predictibilidad de las decisiones, lucha efectiva contra la impunidad y la corrupción, y la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
- Creación de un Sistema Nacional Integrado de Información Criminal, con interoperabilidad entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y gobiernos locales.
- Creación de una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Judicial.
- Simplificación del Código Procesal Penal, implementación del expediente electrónico penal y fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado (FECOR) y creación de nuevas FECOR en zonas de mayor incidencia criminal.
- Construcción de cuatro (4) mega penales de máxima seguridad, cuatro (4) penales estándar modulares (1,000 internos) y un (1) penal especializado para jóvenes infractores, bajo administración temporal y exclusiva de las Fuerzas Armadas.
- Expansión de pabellones en penales existentes con separación por tipo de delito.
- Implementación de Cárceles productivas mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP), con programas de reinserción laboral para delitos menores.
- Implementar un sistema integral de bloqueo de señales móviles en todos los
establecimientos penitenciarios del país, garantizando su funcionamiento permanente a fin de prevenir el uso de celulares para la comisión de delitos desde las cárceles. - Desarrollo de servicios integrales de apoyo a víctimas, especialmente mujeres y menores afectados por violencia.
- Implementación del Programa Nacional de Trabajo Comunitario Penitenciario “Manos que Reparan”, mediante el cual internos de baja y mediana peligrosidad realizan, bajo supervisión del INPE y en coordinación con gobiernos regionales y municipales, labores de mantenimiento de colegios, recuperación de áreas verdes, limpieza de riberas y mejoramiento de espacios públicos, con cómputo especial para redención de pena y aplicación directa a la reparación civil.
- Implementación de un régimen de trabajo penitenciario, que vincule la participación en actividades productivas al otorgamiento de incentivos, tal como el acceso a condiciones de la alimentación.
- Creación de un incentivo de trabajo con enfoque familiar destinando una parte de los ingresos generados por talleres productivos y programas de trabajo comunitario, complementada con recursos públicos, a un “Fondo de Apoyo Educativo para hijas e hijos de personas privadas de libertad”, que otorgue becas parciales o totales para estudios escolares, técnicos y universitarios, articulado con los programas de becas nacionales y regionales.
- Impulso de la visibilización y comercialización del trabajo productivo de las personas que cumplen condena, permitiéndoles así generar ingresos propios y acumular un capital inicial que facilite su reinserción laboral y emprendimiento al recuperar su libertad.
- Promoción para que cada municipalidad, en coordinación con el INPE, apruebe
anualmente un plan de servicio comunitario penitenciario con metas verificables
(número de colegios intervenidos, áreas verdes recuperadas y espacios públicos mejorados), garantizando recursos básicos para herramientas, seguridad y transporte de los internos que participen en estas actividades. - Orientación continua de parte de los talleres productivos penitenciarios a la elaboración de bienes y servicios para el sistema público, tales como mobiliario escolar, módulos básicos para salud, señalización y uniformes, utilizando mecanismos especiales de contratación estatal y asegurando que los internos obtengan certificaciones técnicas formales por las competencias laborales adquiridas.
- Incremento continuo del número de abogados de oficio especializados en víctimas, priorizando distritos con mayor incidencia delictiva, a fin de garantizar que las víctimas de delitos cuenten con asesoría y representación legal gratuita, oportuna y especializada.
2. Orden Jurídico
2.1. Diagnostico
a. Ineficiencia y desconfianza en el sistema de justicia
El sistema de justicia peruano enfrenta una profunda crisis estructural caracterizada por lentitud, sobrecarga procesal, fragmentación institucional y limitada confianza ciudadana. Los procesos judiciales suelen demorar años en resolverse, generando costos económicos y sociales significativos para los ciudadanos y las empresas. La falta de interoperabilidad digital entre las instituciones del sistema (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, INPE, entre otros) impide el intercambio eficiente de información, produciendo duplicidad de esfuerzos y pérdida de trazabilidad en los casos.
Asimismo, la provisionalidad de los magistrados, derivada de la insuficiente designación de jueces titulares, ha afectado la independencia y meritocracia judicial. A ello se suma la carencia de tecnologías avanzadas de gestión y análisis de procesos, así como la limitada implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que restringe la eficiencia y transparencia del sistema.
En el ámbito ético y profesional, la ciudadanía percibe una justicia poco confiable y vulnerable a la corrupción, agravada por prácticas inadecuadas de algunos abogados sin control efectivo ni mecanismos de responsabilidad civil. La inexistencia de seguros o mecanismos de garantía para el ejercicio profesional de la abogacía deja desprotegidos a los usuarios del sistema.
Finalmente, la multiplicidad de instancias y apelaciones contribuye a la sobrecarga procesal, generando demoras excesivas e incentivos perversos para litigar sin fundamento.
2.2. Nuestras propuestas
a. Reforma del Sistema de Justicia
- Reforma integral del sistema de justicia, acompañada por sus propios actores, tal como el Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Policía Nacional del Perú, INPE, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros, con el fin de garantizar independencia judicial, celeridad procesal, predictibilidad de las decisiones, lucha efectiva contra la impunidad y la corrupción, y la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
- Implementación de la interoperabilidad digital entre las entidades del sistema de justicia e incorporar inteligencia artificial para el análisis predictivo de casos, la asignación eficiente de expedientes y la reducción de tiempos procesales.
- Instauración de la obligatoriedad del Expediente Judicial Electrónico (EJE) para la gestión documental y notificaciones judiciales.
Plan de Gobierno de Juntos por el Perú
1. Erradicación de la criminalidad y seguridad Ciudadana
La corrupción y la delincuencia son las principales expresiones del fracaso del modelo, que ha desmantelado el Estado y abandonado a su pueblo. En las calles, mercados, barrios populares y zonas rurales se vive con miedo, porque el crimen ha avanzado donde el Estado retrocedió. Los que más sufren esta crisis son los emprendedores, comerciantes, jóvenes, mujeres y familias trabajadoras que no tienen protección, ni justicia, ni respuesta oportuna.
De acuerdo al Informe del INEI sobre Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, con datos correspondientes a abril y setiembre del 2025, más del 54% de la población peruana considera que la corrupción y la delincuencia son los principales problemas que enfrenta el país, seguido de la falta de seguridad, la pobreza y la falta de empleo.
Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), en el primer semestre de 2024, el 27,7% de la población urbana de 15 y más años fue víctima de algún hecho delictivo, lo que representa un aumento de 5,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo en 2022.
Asimismo, según datos del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), desde enero a diciembre del 2025 se han registrado 2 134 defunciones por homicidio, registrándose la mayor cantidad de estos casos en Lima (803), La Libertad (230), Callao (184) y Piura (147). No obstante, cabe indicar que el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana reporta 2 451 denuncias por homicidios de enero a noviembre del 2025, lo que refleja que los datos de muertes por esta cusa podría ser mucho mayor.
En este escenario, el 86,1% de la población urbana considera que podría ser víctima de algún delito en los próximos 12 meses, lo que evidencia un incremento sostenido de la percepción de inseguridad.
La extorsión y la amenaza criminal golpean con especial dureza a los pequeños
negocios, al transporte urbano, a los mercados de abasto y a la economía popular que no cuentan con garantías ni presencia efectiva del Estado. Donde hay más abandono, hay más violencia.
A esta grave situación se suma el hecho que la Policía Nacional se ha convertido en una de las instituciones más desprestigiadas del país. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través de la Encuesta Nacional de Higares (ENAHO), señalan que al primer semestre del 2025, más del 80% de la población no confía en la Policía Nacional.
Las organizaciones criminales, la corrupción y los grupos de poder, han convertido a esta institución en una maquinaria de muerte encargada únicamente de reprimir al campo popular, pero incompetente e incapaz de enfrentar al crimen organizado. Por ello la primera acción que debe llevar adelante un gobierno patriótico y progresista, es su inmediata reorganización, captación, formación, capacitación, profesionalización y especialización de nuevos contingentes policiales.
Además, la inteligencia policial es subvalorada, desfinanciada y politizada, pese a ser clave para anticiparse a la criminalidad. La logística y operatividad de la Policía están por debajo de lo mínimo requerido: muchos efectivos no tienen municiones para prácticas de tiro, los patrulleros están en mal estado y los equipamientos de comunicación y control son obsoletos.
La justicia penal, por su parte, enfrenta una crisis de eficiencia: el tiempo promedio para resolver un caso por robo supera los 600 días, mientras que más del 70% de denuncias por delitos comunes no culminan en una sentencia. Las normas procesales no se ajustan a la magnitud ni a la dinámica del crimen organizado y las reformas judiciales han sido parciales y lentas.
Si a esto le agregamos las inmensas pérdidas que la corrupción genera al Estado
peruano, las mismas que durante el periodo 2024 alcanzaron la suma de 24 mil 300 millones de soles, cuya cifra ha sido superada con creces este año que termina, tenemos entonces una radiografía de las causas del crecimiento del crimen organizado y la delincuencia en el país. Si no encaramos con firmeza este flagelo, todo esfuerzo policial o represivo, terminará siendo superado por el crimen.
Por ello, la seguridad ciudadana no puede seguir tratándose como una excusa para el abuso de poder ni como botín político. Combatir este flagelo no sólo requiere una reingeniería de las instituciones encargadas de perseguir y juzgar a los criminales, llámese Policía nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, etc. sino de medidas urgentes que permitan contar con los elementos básicos para empezar a desarticular las organizaciones criminales y enfrentar la violencia delincuencial de manera más profesional y especializada.
Necesitamos recuperar el Estado, limpiar la Policía, fortalecer la justicia, modernizar las capacidades operativas y devolverle al pueblo su derecho a vivir sin miedo. La seguridad no es privilegio: es justicia, presencia estatal y poder popular organizado para defender la vida.
Ante esta necesidad, implementaremos una política nacional de seguridad ciudadana con enfoque integral, territorial y preventivo, que erradique la corrupción policial, recupere el control del Estado sobre el crimen organizado, garantice la protección de derechos y devuelva la tranquilidad a la población, con protagonismo de la comunidad organizada, desarrollando las principales líneas estratégicas de transformación:
a. Reforma estructural de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el combate frontal al crimen organizado
En este proceso se realizará una depuración inmediata de mandos comprometidos con la corrupción y redes criminales internas. Para ello, se realizarán reformas en el sistema de ascensos, nombramientos y régimen disciplinario de la Policía Nacional, para una sanción efectiva de la corrupción interna.
Asimismo, se revisará la normatividad y protocolos de actuación sobre el uso proporcional de la fuerza en el ejercicio del derecho a la protesta; y se implementarán mecanismos de control ciudadano, democratización de los ascensos y fortalecimiento de Escuela de la Policía mediante la formación ética, comunitaria y con enfoque de derechos.
b. Creación del Sistema Nacional Integrado de Información Criminal y rastreo de extorsiones y otros delitos
Se incidirá en el fortalecimiento de la inteligencia policial, con la creación de una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito, enfocada en rastrear extorsiones, fraudes digitales, lavado de activos y estafas a través de medios electrónicos y cuentas bancarias, en coordinación con la SBS, SUNAT y la UIF.
Del mismo modo, ante la necesidad de mejorar la regulación y hacer un control más estricto del sistema financiero frente a su uso por redes criminales, se implementarán auditorías tecnológicas de operaciones sospechosas y bloqueos preventivos de cuentas ligadas a extorsión y fraude.
Asimismo, se intensificará el uso del sistema de telecomunicaciones para la
geolocalización y el control de chips, a fin de lograr una óptima trazabilidad de llamadas y mensajes utilizados para extorsión y estafa, que permita desarticular las organizaciones criminales, en coordinación con operadores y fiscalías especializadas.
Para efectos de contar con mayor certeza sobre la incidencia de estos delitos, se creará la Plataforma digital unificada para denuncias ciudadanas, seguimiento de casos y alertas comunitarias, con sistemas de protección de datos y contra represalias.
c. Seguridad desde el territorio y la comunidad para la protección integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y grupos vulnerables.
Se implementarán planes locales de seguridad con participación directa de juntas vecinales, gobiernos locales y organizaciones sociales. El reconocimiento y protección legal de las juntas vecinales de seguridad ciudadana y comités comunales, será fundamental para su consolidación como actores claves del control territorial.
Las acciones de los ciudadanos organizados se articularán al Plan Nacional de recuperación de barrios y espacios públicos inseguros, priorizando territorios donde la economía popular y el transporte informal están bajo amenaza de mafias y extorsiones.
En el marco de este plan se fomentará el desarrollo de iniciativas de prevención, cultura, deporte, recuperación de espacios públicos y economía local como ejes orientados a rescatar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo, y así alejarlos de las redes criminalidad, para lo cual la coordinación estrecha con los gobiernos locales será fundamental.
Se ampliarán los servicios de protección para mujeres víctimas de violencia, adolescentes en riesgo y personas vulnerables. La prevención desde la escuela, atención a la salud mental y a las redes de apoyo comunitarias serán una prioridad, por una seguridad con cuidado y prevención, no con estigmatización.
d. Justicia que funcione: articulación del sistema penal y fin de la impunidad
Constituye una necesidad destrabar la justicia penal en delitos comunes y de alta violencia. Por ello, una de las primeras medidas a implementase será el fortalecimiento de las fiscalías especializadas del Ministerio Público, con equipos especiales contra la extorsión, el sicariato, la trata de personas, el lavado de activos y el tráfico ilegal, además de la ampliación de turnos y la mejora del sistema de defensoría pública para garantizar procesos ágiles y con respeto a los derechos. Complementariamente, se crearán más juzgados especializados en flagrancia.
e. Control democrático y vigilancia ciudadana sobre el sistema de seguridad
Se impulsarán veedurías y observatorios ciudadanos en seguridad pública destinados a realizar una supervisión civil sobre la actuación de la Policía Nacional. En ese sentido, también se realizará una Campaña nacional de alfabetización digital y de prevención del fraude cibernético dirigida a pequeños comerciantes, transportistas y familias vulnerables.
f. Derogación de las leyes pro crimen e impunidad
Desde el año 2023 se han aprobado un conjunto de leyes que limitan la persecución y eliminación del crimen organizado y violaciones graves de derechos humanos que favorecen a mafias criminales, acrecentando la impunidad. En ese sentido, se derogarán las siguientes leyes:
- Ley N° 31751 (publicada el 25/05/23), que modifica el Código Peal y el Nuevo Código Procesal Penal, con la finalidad de reducir la prescripción par ciertos delitos, lo cual impediría la persecución de delitos graves, disposición que podría beneficiar a los responsables de crímenes complejos.
- Ley N° 31990 (publicada el 21/03/24), que modifica varios artículos del Nuevo Código Procesal Penal, estableciendo un plazo límite de 8 meses para corroborar la información de colaboradores eficaces, pudiendo ser prorrogados por 4 meses más, disposición que obstaculiza la verificación de testimonios y pruebas en casos
complejos. - Ley N° 32108 (publicada el 09/08/24), que modifica el Código Penal, el Decreto Legislativo N° 635 y las Leyes N° 30077 y N° 27379, la cual limita el alcance del delito de organización criminal a delitos con una pena mayor a 6 años, estableciendo que la organización criminal será aquella conformada por tres o más personas con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal.
- Ley N° 32107 (publicada el 09/08/24), que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, al señalar que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, es decir, en los años 2002 y 2003 respectivamente, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. En ese sentido, la norma establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos con anterioridad al 1 de julio de 2002 bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional, y agrega que ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra.
- Ley N° 32182 (publicada el 11/12/24), la cual modifica la Ley de la Carrera Fiscal, Ley de la Carrera Judicial, el Nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal, la cual establece sanciones para fiscales y jueces por disponer la libertad de personas detenidas en flagrancia por la Policía Nacional del Perú por delitos cuya pena privativa de libertad es mayor de cinco años. Estas disposiciones intimidarían al sistema de justicia, comprometiendo su independencia, al castigar decisiones basadas en criterios jurídicos.
- Ley N° 32181 (publicada el 11/12/24), que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, la cual prohíbe a los fiscales y jueces solicitar y dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional del Perú que, en el ejercicio de sus funciones, hagan uso de su arma de fuego causando lesiones o muertes.
- Ley N° 32326 (publicada el 09/05/25), que modifica el decreto legislativo sobre extinción de dominio, la cual establece que toda incautación de bienes, cuya procedencia o destino esté relacionado a actividades ilícitas como los delitos contra la administración pública, el tráfico ilícito de drogas la extorsión. el lavado de activos, entre otros, procederá cuando exista una sentencia judicial penal firme y consentida o laudo. Esta disposición limita las acciones preventivas ante indicios razonables de delito.
