Prestar un vehículo o facilitar un teléfono constituye un acto neutral si no se acredita que el agente conocía con certeza que serían utilizados para cometer el delito de rebelión [RN 3102-2009-Lima]

[Corte Suprema de Justicia de la República] Mediante el Recurso de Nulidad N° 3102-2009, Lima, de fecha 10MAR2010, la Corte Suprema de Justicia de la República ha desarrollado «Prestar un vehículo o facilitar un teléfono constituye un acto neutral si no se acredita que el agente conocía con certeza que serían utilizados para cometer el delito de rebelión». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO DE NULIDAD N.° 3102-2009-LIMA

Sumilla: El delito de asociación ilícita para delinquir, con arreglo al artículo 317° del Código Penal, es un injusto de organización. El sujeto activo debe pertenecer a la misma, estar integrado a ella, ser miembro activo de la asociación. No tiene este estatus el mero colaborador, extraño a la organización. El tipo legal analizado no criminaliza al colaborador, solo al integrante o miembro de la organización.

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Lima, diez de marzo de dos mil diez.-

VISTOS; con las copias certificadas obtenidas por Secretaría; el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encausado A.V.F., la señora Fiscal Superior en lo Penal de Lima y la señora Procuradora Pública Adjunta de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior contra la sentencia de fojas treinta y dos mil setecientos sesenta y siete, del veintiséis de marzo de dos mil nueve, en cuanto absolvió al citado encausado A.V.F. de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra la Tranquilidad Pública – Paz Pública – Asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, y lo condenó como cómplice secundario del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional – Rebelión en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el período de dos años y fijó en cinco mil nuevos soles por concepto de reparación civil que pagará a favor del Estado. Interviene como ponente el señor S.M.C..

ANTECEDENTES.

Primero.- Que la Primera Sala Penal para Procesos con R. en Cárcel de la Corte Superior de Lima, previo juicio oral, público y contradictorio, dictó la sentencia de fojas treinta y dos mil setecientos sesenta y siete, del veintiséis de marzo de dos mil nueve. Dicha sentencia:

1. Absolvió por unanimidad a F.C.Q.P. y E.C.O. de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional -Rebelión en agravio del Estado.

2. Absolvió por unanimidad a A.V.F. de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra la Tranquilidad Pública – Paz Pública – Asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.

3. Condenó por mayoría a A.V.F. como cómplice secundario del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional -Rebelión en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el período de dos años y fijó en cinco mil nuevos soles por concepto de reparación civil que pagará a favor del Estado.

4. Reservó por unanimidad el juzgamiento respecto de A.G.O., S.R.M. y J.C.R., acusados por delito contra la Tranquilidad Pública – Paz Pública – Asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.

Segundo.- Que contra el extremo condenatorio y absolutorio de la aludida sentencia referida al encausado A.V.F. interpusieron recurso de nulidad las tres partes procesales: el aludido imputado, la Fiscalía y la Procuraduría Pública del Estado. Sus agravios son los siguientes:

A. El encausado V.F. en su recurso formalizado de fojas treinta y dos mil ochocientos cuarenta y dos protesta inocencia. Afirma que no se ha valorado debidamente la prueba actuada, la cual no puede acreditar la responsabilidad penal que se le atribuye como cómplice del delito de rebelión. Al respecto anota:

1. Si bien admite haber prestado la camioneta Lada, color rojo, de placa RGM- ochocientos veintiuno al encausado Antauro Igor Humala Tasso, no lo hizo para que viaje a la ciudad de Andahuaylas, del cual no tuvo conocimiento. No está probado que lo autorizó para que se lleve el vehículo a Andahuaylas.

2. El mecánico G.F.T.C.S. en audiencia refirió que no lo conoce, y que ANTAURO IGOR HUMALA TASSO. fue quien llevó la camioneta al taller para su reparación, con el compromiso de pago de su madre E.T. de Húmala, quien era su cliente habitual.

3. El encausado ANTAURO IGOR HUMALA TASSO abusó de su confianza al utilizar la línea telefónica (número treinta y tres cero dos trescientos cuarenta y uno) del local de la Asociación Departamental de Cesantes y Jubilad es ser miembro activo de la asociación ilícita. El imputado V.F. ha negado tal condición; y, si bien en el curriculum de fojas treinta mil ochocientos veintiséis, mencionó ser S. General del Movimiento Nacionalista Peruano, tal referencia en modo alguno tiene entidad para acreditar, en la medida en que no existen otras referencias concretas de adscripción asociativa, contrario a lo expuesto por ANTAURO IGOR HUMALA TASSO, de que integró el concreto movimiento asociativo que dio vida y permitió o facilitó la realización de los actos delictivos del uno de enero de dos mil cinco.

En el marco de una relación preferencial entre ANTAURO IGOR HUMALA TASSO y A.V.F., al punto que el primero utilizó para sí y su organización bienes institucionales y determinada infraestructura de ADCIJEL, no puede considerarse con certeza que ese aprovechamiento importaba actos de pertenencia asociativa delictiva. Coincidentemente el señor Fiscal Superior anotó que: «…las circunstancias propias del hecho objeto de imputación, y la forma periférica a la que se integró el encausado, no denotan un grado de participación activa y sostenida del agente como para hacerlo pasible de sanción por delito de integración en la agrupación criminal…».

Es posible que las acciones realizadas por el acusado V.F. den cuenta de una colaboración genérica, por determinadas coincidencias ideológicas, a la asociación que dirigía el primero, de suerte que le proporcionaba cierta cobertura material y facilidades logísticas en el plano organizativo, pero ello, como ha quedado expuesto, no constituye un acto de pertenencia delictiva. En todo caso, la regla de juicio que integra la garantía de presunción de inocencia en cuya virtud para afirmar la responsabilidad penal de una persona debe estar probado más allá de toda duda razonable los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal acusado no está cumplida.

Por tanto, la absolución por el delito de asociación ilícita, por estos razonamientos de Derecho penal y procesal penal, está arreglado a derecho.

4. Según la información de Telefónica del Perú, ninguna de las personas a las cuales se llamó por teléfono desde la línea en cuestión está vinculada a la supuesta rebelión. Si bien existieron llamadas a desconocidos, no está acreditado que él conoció de ellas y de su finalidad.

5. Los tres testigos de cargo que han declarado en el juicio oral (P.O., I.P. y S.A.) fueron despedidos de ADCIJEL por el imputado, por lo que se trata de testificales parcializadas.

6. No se debió valorar la copia del acta de acuerdo del dos de enero de dos mil dos, suscrita por directivos y delegaciones de la Ex USE por no estar relacionada con el delito.

7. El curriculum donde consta militar en el Movimiento Nacionalista Peruano no es prueba del delito
de rebelión.

B. La señora Fiscal Superior en su recurso formalizado de fojas treinta y dos mil ochocientos veintisiete cuestiona la absolución del citado encausado V.F. por el delito de rebelión. En defensa de su petición impugnativa puntualiza:

1. Se ha probado que antes del acto de rebelión, el encausado V.F. formada parte, junto con ANTAURO IGOR HUMALA TASSO y otros procesados, del grupo de apoyo y planificación de las acciones que desencadenaron el denominado «Andahuaylazo».

2. El delito de asociación ilícita se sustenta con la propia versión del imputado prestada en sede preliminar, oportunidad en que además reconoció que brindaba dinero a ANTAURO IGOR HUMALA TASSO en calidad de préstamo, lo que se corrobora con las declaraciones de los que trabajaron como guardianes del local de ADCIJEL (Iraita Pascual, P.O. y Saldamando Alarcón). Éstos mencionan que ambos se reunían para planificar las acciones que desarrollaría la agrupación Nacionalista que dirigía ANTAURO IGOR HUMALA TASSO. e integraban otros imputados, al que prestaron apoyo logístico y económico para la subversión del ordenamiento constitucional y democrático.

3. V.F. pertenecía y participaba activamente en la agrupación dirigida por ANTAURO IGOR HUMALA TASSO. Esa organización desde el año dos mil cuatro se dedicaba a cometer actos delictivos, y participaba activamente en ella.

4. El encausado V.F. en el acto oral presentó documentos con los que intenta probar que el local de ADCIJEL no sólo lo alquilaba a ANTAURO IGOR HUMALA TASSO para sus actividades públicas y en varias ocasiones se lo cedía, sino también hacía lo mismo con otras instituciones. Empero, por el momento en que se presentaron no se acreditó su autenticidad.

C. La señora Procuradora Pública Adjunta en su recurso formalizado de fojas treinta y dos mil ochocientos veinte cuestiona la reparación civil fijada a favor del Estado. Aduce que no se ponderó adecuadamente los hechos con la norma, en especial con los artículos 45° y 46° del Código Penal. Dice que:

1. La suma de cinco mil nuevos soles fijada como reparación civil es irrisoria y no guarda proporción con los bienes jurídicos lesionados.

2. La reparación civil se debe incrementar atendiendo no sólo a la reparación del daño, sino también a una indemnización justa y equitativa acorde con los daños y perjuicios irrogados al Estado.

3. El ámbito de la reparación es netamente reparador e indemnizatorio.

4. Como criterios indemnizatorios trascendentes debe incorporarse la vulneración de bienes jurídicos relevantes y que se trata de un bien jurídico supra individual -el orden constitucional-, que es factible de indemnización. También debe tenerse presente la inversión que debe hacerse para la reconstrucción de la comisaría y otros bienes destruidos con ocasión de los delitos cometidos, y los costos al sistema como consecuencia de la investigación y juzgamiento.

Tercero.- Que concedido el recurso de nulidad a los tres impugnantes, elevada la causa a este Supremo Tribunal, corrida vista fiscal, emitido el dictamen correspondiente en el sentido de que se declare no haber nulidad en el fallo recurrido, fijada fecha para la vista de la causa, y realizada la deliberación y correspondiente votación de la causa, corresponde absolver el grado.

[Continúa…]

FUNDAMENTO DESTACADO:

Sexto.- Que, como se sabe, el delito de asociación ilícita para delinquir, con arreglo al artículo 317° del Código Penal, es un injusto de organización. El sujeto activo debe pertenecer a la misma, estar integrado a ella, ser miembros activos de la asociación. No tiene este estatus el mero colaborador, extraño a la organización -el tipo legal analizado no criminaliza al colaborador, sólo al integrado o miembro de la organización-. Este delito presenta una estructura típica autónoma; en cuanto al tipo objetivo, requiere de (i) una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad -dos o más-; (ii) una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista; (iii) consistencia o permanencia de dicha organización, pues el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio; y (iv) la finalidad u objeto de la asociación ha de ser la comisión de delitos -el acuerdo delictivo ha de ser explícito o implícito- [así, entre otras, la Ejecutoria Suprema número ciento setenta y siete-dos mil/Callao, del cuatro de junio de dos mil, y fundamentalmente el Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis, del trece de octubre de dos mil seis]. La asociación ilícita no admite, en tanto en sí misma constituye un supuesto de adelantamiento de las barreras de punición, fórmulas de cooperación o participación, a menos que estén taxativamente criminalizadas -que es el supuesto, por ejemplo, del delito de terrorismo?. En el presente caso es significativo, como destaca la Fiscal Superior Titular en su acusación complementaria, lo expuesto por el propio ANTAURO IGOR HUMALA TASSO cuando se refirió a A.V.F.. En su declaración plenarial del siete de julio de dos mil ocho el encausado HUMALA TASSO precisó que éste consideraba al etnocacerismo como algo válido y que tenía simpatía con esa organización y sus fines (declaración plenarial de fojas noventa y nueve, del cuaderno de nulidad).

El imputado no lo vincula con acciones concretas que revelen la prestación de algún servicio para los fines de la organización como afiliado a ella -que es el concepto de miembro activo de una asociación ilícita-; simplemente lo califica de simpatizante.

[Continúa…]

DECISIÓN

Por estos fundamentos. De conformidad en parte con el dictamen del señor Fiscal Superior en lo Penal:

1. Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas treinta y dos mil setecientos sesenta y siete, del veintiséis de marzo de dos mil nueve, en el extremo que absolvió al citado encausado A.V.F. de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra la Tranquilidad Pública – Paz Pública – Asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado; con lo demás al respecto contiene.

2. Declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en cuanto condenó al citado encausado A.V.F. como cómplice secundario del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional – Rebelión en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el período de dos años y fijó en cinco mil nuevos soles por concepto de reparación civil que pagará a favor del Estado; reformándola: lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal formulada en su contra por el referido delito en agravio del Estado; MANDARON se archive definitivamente lo actuado en este extremo, y se anulen sus antecedentes policiales y judiciales.

3. Declararon NO HABER NULIDAD en la referida sentencia en lo demás que contiene y es materia del recurso; y los devolvieron. –

SS.
SAN MARTÍNCASTRO
LECAROS CORNEJO
PRÍNCIPE TRUJILLO
CALDERÓN CASTILLO

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