[Corte Suprema] Mediante el Apelación N°. 175-2025-Suprema del 05OCT2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, confirma «El funcionario público que ejerce funciones ajenas por desconocimiento de las normas procesales incurre en un supuesto de error de prohibición y no de error de tipo». ⇒DESCARGUE AQUÍ⇐
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE APELACIÓN N.° 175-2025-LIMA NORTE
Delito de usurpación de funciones en la modalidad de ejercicio de funciones correspondientes a cargo diferente del que se tiene. Apelación infundada
El encausado cuestiona la aplicación del error de prohibición vencible, pues su conducta encuadraría en el error de tipo vencible, al haber actuado involuntariamente por desconocimiento del marco normativo previsto en el Código Procesal Penal, lo que habría generado en el procesado la creencia de hallarse facultado para emitir pronunciamiento. Sin embargo, tal argumentación describe conceptualmente un error de prohibición, ya que alude a la falsa apreciación de la realidad jurídica conocida; en tanto que, el error de tipo se relaciona con la falsa representación de la realidad (hechos).
El error de prohibición opera cuando no es posible imputarle al autor el conocimiento de la normativa jurídico penal, pues la comprensión que debe tener el sujeto activo constituye un factor de primer orden, sobre todo en delitos cometidos por funcionarios (sujetos vinculados y obligados especiales, poseedores de conocimientos por encima de los ordinarios). Por lo que el ilícito adquiere la naturaleza de delito especial, al exigir una cualidad específica en el agente y atribuirle determinadas facultades y deberes funcionales. En consecuencia, dicha transgresión de la delimitación funcional no admite ninguna causa de justificación, menos aún por desconocimiento de la norma procesal como fundamento.
Sin perjuicio de ello, el principio de interdicción a la reforma peyorativa de la pena limita la competencia revisora de este Tribunal, por lo que la condena emitida en la sentencia no puede ser modificada y corresponde confirmarla en todos sus extremos(responsabilidad penal y civil).
SENTENCIA DE APELACIÓN
Lima, cinco de octubre de dos mil veintiséis
VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por XXXXXXXXX contra la sentencia contenida en la Resolución N° 42, del 24 de marzo 2025, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó al referido procesado como autor del delito contra la Administración pública, en la modalidad de usurpación de función pública (artículo 361 del Código Penal), en agravio del Estado; le impuso dos años y ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años (sujeto a reglas de conducta) e inhabilitación por el plazo de un año y fijó el pago de reparación civil en la suma de S/10 000 (diez mil soles); con lo demás que contiene.
Intervino como ponente el señor juez supremo PEÑA FARFÁN.
ATENDIENDO
I. Antecedentes del proceso
1.1. Mediante requerimiento acusatorio del 6 de junio de 2024, la Cuarta Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Lima Norte formuló acusación contra XXXXXXXXXXXXX , en su condición de fiscal adjunto provincial provisional del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones, previsto en el artículo 361 del Código Penal (en adelante, CP), en agravio del Estado.
1.2. El 24 de marzo de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte emitió sentencia a través de la Resolución N° 44, a través de la cual resolvió condenar al citado procesado como autor del delito contra la Administración pública, en la modalidad de usurpación de función pública (artículo 361 del CP), en agravio del Estado; le impuso dos años y ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años (sujeto a reglas de conducta) e inhabilitación por el plazo de un año y fijó el pago de reparación civil en la suma de S/10 000 (diez mil soles).
1.3. Posteriormente, el 2 de abril de 2025, la defensa técnica del encausado XXXXXXXXXXXX interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia con la finalidad de que se revoque y se le absuelva del hecho por el cual se le condenó.
1.4. Concedido el recurso impugnatorio5, se elevaron los actuados ante esta Sala Suprema, la cual, mediante auto de calificación del 9 de septiembre de 20256, admitió a trámite el recurso de apelación concedido. Con decreto del 31 de agosto de 20267, se procedió a fijar fecha de audiencia de apelación para el 23 de septiembre de 2026.
II. De la sentencia de primera instancia
2.1. El Colegiado se pronunció sobre dos ítems relevantes, relacionados con el ejercicio de las funciones por parte del encausado en un cargo diferente al que ostentaba y con la concurrencia del dolo en la conducta desplegada. En orden a ello, señaló lo siguiente:
Se tiene acreditado que el acusado […] ingresó a la Fiscalía en la sede de Lima Norte a través de la resolución […] de fecha 21 de junio de 2018; […] en específico con la Resolución de Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito Fiscal de Lima Norte N.° 2398-2021-mP-FN-PJFS-DFLN de fecha 21 de setiembre de 2021[…] en que vino a asumir por encargatura del Cuarto Despacho Fiscal de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Carabayllo, y expidiera dentro de dicho periodo de encargo la Disposición cuestionada (22/10/21) […] se tiene que el acusado emitió la Disposición 01 (22/10/21) en su condición de encargado de un despacho fiscal, dado a la licencia vacacional de la titular de dicha Fiscalía Penal Corporativa; pero el caso es que la competencia funcional para expedir disposiciones cuando se trata de jueces de paz letrado, de primera instancia, como aconteció en el presente caso, una jueza civil, solo posibilitaba ser efectuado por una fiscalía superior; ello ha quedado plenamente demostrado[…].
[…] CONDUCTA DESPLEGADA POR EL ACUSADO FUE REALIZADA CON DOLO […] el acusado se trata de un abogado hábil, quien también tenía la condición de funcionario Público, en este caso de fiscal Adjunto Provincial, que se hallaba en la capacidad suficiente para saber cuál era su competencia funcional […]; además de conocimiento académicos y funcionariales propio de su cargo; y por consiguiente comprender la gravedad y por tanto consecuencias de sus actos.
[…] Es por ello, que el señalar como argumento exculpatorio, que la emisión de dicha disposición ha sido por error resultado de la alta carga procesal y falta de personal; no resulta de recibo […] que dicha alegación, no solo decae con lo informado con el Oficio N.° 2026-2023-MP-FN-PJFS-DFLN de 24 de abril de 2023, en que se determinara que en el año de los eventos imputados 2021, dicha fiscalía sí contó con personal completo […] sin embargo, lo relevante aquí es que el cuadro de imputación contra el acusado incide en un acto funcional de cargo y no en el ámbitodegestión […].
[…] De otro lado, la defensa ha señalado que el actuar de su defendido, ha sido por un error de tipo en el elemento subjetivo; sin embargo, […] el acusado […] “no recordaba» lo que establece el artículo 454.4 del CPP, estimamos se encuentra bajo los alcances del artículo 14 del CP, el llamado error de prohibición vencible, es decir el acusado tuvo una falsa apreciación de la realidad jurídica, esto es, por la ignorancia en el conocimiento eficiente de la norma (error de prohibición directa) en el caso en concreto, creyó que tenía autorización de poder pronunciarse sobre la investigación de una aforada, por lo que elaboró y suscribió la Disposición fiscal cuestionada; lo que se ha de tener en consideración al momento de la determinación judicial de la pena[sic]
III. Agravios formulados por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La defensa técnica del procesado XXXXXXXXXXXXXX formuló como agravio la errónea aplicación e interpretación del artículo 14, segundo párrafo, del CP, en atención a los siguientes argumentos:
3.1. Tanto en la doctrina jurisprudencial como en la dogmática jurídico penal, es unánime que el error de prohibición se configure cuando el autor desconoce la norma prohibitiva o se equivoca sobre los límites de una causa de justificación.
3.2. El imputado no recordaba lo establecido por el inciso 4 del artículo 454 del CPP durante la proyección y emisión de la disposición fiscal materia de juzgamiento. Lo cual, según la Real Academia Española, significaría que no tenía en la mente algo del pasado, cuya falta de recuerdo se pudo producir de forma voluntaria o involuntaria.
3.3. El imputado no interpretó incorrectamente el inciso 4 del artículo 454 del CPP, no lo consideró no vigente ni desconocía la norma prohibitiva; sino que, condicionado por factores objetivos externos a él, de manera involuntaria, no hizo el esfuerzo de hallar en su memoria lo regulado en la norma penal adjetiva.
3.4. Por consiguiente, indicó que el juez, al considerar “el no recordar” como un supuesto de error de prohibición directo, interpretó indebidamente el artículo 14 segundo párrafo del CP.
3.5. De la misma manera, el recurrente alegó la concurrencia de indicadores objetivos que condicionaron el error para que no recordara el texto legal, tales como (i) la previa calificación de la denuncia por la fiscal provincial Julia Milagros Fano Espinoza, (ii) la carga procesal; y, (iii) la falta de instrucción sobre procesos especiales.
3.6. Finalmente, con relación a la reparación civil, el recurrente indicó que no se expresó fundamento que justificara el monto propuesto por la Procuraduría; más aún, cuando la procuradora habría indicado que ello no se podía cuantificar porque no existía una medida ni, mucho menos, una pericia. Lo cual es de carácter subjetivo.
[Continúa…]
| FUNDAMENTO DESTACADO: 7.1. Es objeto de impugnación, la sentencia condenatoria emitida contra , como autor del delito contra la Administración pública, ya que habría ejercido atribuciones correspondientes a un cargo diferente del que ostentaba. Así, en su labor como fiscal adjunto provincial, habría emitido un pronunciamiento (disposición de archivo definitivo de actuados) referido a una jueza, pese a que, de conformidad con el artículo 454, inciso 4 del CPP14, esta decisión solo podía ser adoptada por el fiscal superior. 7.2. Ante lo resuelto, la defensa técnica del encausado interpuso recurso de apelación alegando que el accionar efectuado por fue producto de un error involuntario, que recayó sobre el elemento normativo del tipo penal de usurpación de funciones, al creer que se encontraba autorizado. Por lo que, según su tesis, la conducta se subsumiría en un error de tipo vencible y no en un error de prohibición, pues concurrirían indicadores objetivos que habrían incidido en la configuración del error, determinando que el agente no tuviera presente el contenido de la disposición legal, tales como (i) la previa calificación de la denuncia, (ii) la carga procesal y (iii) la falta de instrucción sobre procesos especiales. 7.3. En esa línea, alegó la existencia de un actuar de carácter culposo, que no resultaría penalmente sancionable, por cuanto el tipo penal previsto en el artículo 361 del CP exige una actuación dolosa. |
[Continúa…]
DECISIÓN
Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:
I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 26.
II. CONFIRMARON la sentencia contenida en la Resolución N° 427, del 24 de marzo 2025, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó al citado procesado como autor del delito contra la Administración pública, en la modalidad de usurpación de función pública (artículo 361 del Código Penal), en agravio del Estado; le impuso dos años y ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años (sujeto a reglas de conducta) e inhabilitación por el plazo de un año y fijó el pago de reparación civil en la suma de S/10 000 (diez mil soles); con lo demás que contiene.
III. CONDENARON al encausado recurrente al pago de las costas del recurso, que serán exigidas y liquidadas por el juez de investigación preparatoria de origen.
IV. DISPUSIERON que la presente sentencia sea leída en audiencia pública y se notifique a las partes apersonadas en esta sede suprema.
V. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen para que proceda conforme a ley.
Intervinieron los señores jueces supremos Campos Barranzuela y Contreras Cuzcano por vacaciones de las señoras juezas supremas Maita Dorregaray y Altabás Kajatt, respectivamente.
SS.
PRADO SALDARRIAGA
LUJÁN TÚPEZ
PEÑA FARFÁN
CAMPOS BARRANZUELA
CONTRERAS CUZCANO
