Guía Operativa Especializada en Trata y Explotación de personas vinculadas al crimen organizado, otras formas de criminalidad y flujos financieros derivados del delito

[Guías MP] El Ministerio Público con fecha 25MAY2026, presentó la «Guía Operativa Especializada en Trata y Explotación de personas vinculadas al crimen organizado, otras formas de criminalidad y flujos financieros derivados del delito»  ⇒DESCARGA AQUÍ⇐


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DOCUMENTO NORMATIVO

GUÍA OPERATIVA ESPECIALIZADA EN TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS AL CRIMEN ORGANIZADO, OTRAS FORMAS DE CRIMINALIDAD Y FLUJOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL DELITO

 

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ELABORADO POR

Rocio Gala Gálvez

Fiscal Superior Coordinadora Nacional de la Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas

REVISADO POR

Martin Jim Mijichich Loli Tomás Aladino Gálvez

Jefe del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación (e)

APROBADO POR

Tomás Aladino Gálvez Villegas

Fiscal de la Nación

Presentación

El Ministerio Público, en cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de la legalidad, los derechos fundamentales de las personas y la persecución estratégica del delito, reafirma su compromiso institucional frente a la trata y explotación de personas, fenómenos criminales que constituyen graves vulneraciones a la dignidad humana y que, en la actualidad, se manifiestan de manera cada vez más compleja y articulada con otras formas de criminalidad organizada.

La evolución de estas estructuras delictivas evidencia la necesidad de fortalecer la respuesta fiscal desde una perspectiva integral, especializada y multidisciplinaria, que permita no solo identificar y perseguir los delitos de trata y explotación de personas, sino también visibilizar sus vínculos con economías ilícitas, redes criminales, delitos conexos y flujos financieros derivados de estas actividades ilegales.

En ese contexto, la presente Guía Operativa tiene por finalidad brindar orientaciones prácticas dirigidas a las y los fiscales del Ministerio Público, para la identificación de indicadores de trata y explotación de personas en escenarios vinculados al crimen organizado, así como para el desarrollo de actos mínimos de investigación, el empleo de herramientas especializadas- particularmente en materia de prueba digital y análisis financiero- y la adecuada atención y protección de las víctimas.

Del mismo modo, este instrumento reconoce que, en el marco de sus competencias funcionales, las distintas especialidades fiscales pueden advertir indicadores o señales de alerta que permitan identificar la posible existencia de delitos de trata o explotación de personas, aun cuando estos se presenten de manera encubierta o vinculados a otras actividades ilícitas. En tal sentido, la presente Guía promueve una actuación fiscal articulada y especializada que facilite la detección temprana de estos fenómenos criminales, así como de los flujos financieros derivados de dichas actividades, contribuyendo a una persecución penal más estratégica, integral y orientada a la desarticulación de las organizaciones criminales involucradas.

Asimismo, este instrumento busca fortalecer la actuación articulada entre las distintas especialidades fiscales y promover una intervención temprana, coordinada y eficiente con la Policía Nacional del Perú y las entidades competentes, conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, debida diligencia reforzada y lucha contra la criminalidad organizada.

La aprobación e implementación de esta Guía Operativa constituye una expresión concreta del compromiso institucional del Ministerio Público con una persecución penal estratégica, centrada en las víctimas y orientada a desarticular las organizaciones criminales que lucran con la explotación de personas, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de justicia y a la protección efectiva de la dignidad humana.

Lima, mayo de 2026.

Fiscal de la Nación

Índice

1 OBJETO. 

2 FINALIDAD

3 ÁMBITO DE APLICACIÓN

4 BASE NORMATIVA

4.1 Normas Internacionales.

4.2 Normas Nacionales

5 DEFINICIONES, ENFOQUES Y PRINCIPIOS

5.1 Definiciones

5.2 Enfoques

5.3 Principios aplicables

6 ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA COMPRENDER LOS DELITOS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y DETECTAR SU RELACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO

6.1 Orientaciones prácticas para la comprensión del Delito de Trata de Persona

6.2 Orientaciones prácticas para la comprensión de los Delitos de Explotación de personas

6.3 Orientaciones prácticas para identificar el vínculo entre la trata y explotación de personas con grupos delictivos organizados

7 INDICADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA TRATA Y DE LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS AL CRIMEN ORGANIZADO Y OTRAS FORMAS DE CRIMINALIDAD

7.1 Indicadores que se pueden presentar en actividades vinculadas con el delito de lavado de activos

7.2 Indicadores que se pueden presentar en actividades vinculadas con la minería ilegal y otros delitos medioambientales

7.3 Indicadores que se pueden presentar en actividades vinculadas a la corrupción

7.4 Indicadores que se pueden presentar en actividades vinculadas a la violencia contra las mujeres

7.5 Indicadores que se pueden presentar en actividades vinculadas a la violencia entre Integrantes del Grupo Familia

7.6 Indicadores que se pueden presentar en actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas

7.7 Indicadores que se pueden presentar en actividades vinculadas a la cibercriminalidad

7.8 Indicadores que se pueden presentar en actividades vinculadas a delitos contra la humanidad, terrorismo y graves violaciones de derechos humanos

7.9 Indicadores que se pueden presentar en otras actividades criminales

8 ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS AL CRIMEN ORGANIZADO Y A OTRAS FORMAS DE CRIMINALIDAD.

9 ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN CASOS DE TRATA Y LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS AL CRIMEN ORGANIZADO Y A OTRAS FORMAS DE CRIMINALIDAD

9.1 Actos mínimos de investigación

9.2 Empleo de Técnicas Especiales de Investigación

9.3 Prueba Digital

9.4 Abordaje de los Flujos Financieros ilícitos y el Patrimonio Criminal

10 ANEXOS

1. OBJETO 

Establecer orientaciones prácticas que permitan visualizar e identificar los delitos de trata y explotación de personas cuando estos se encuentren vinculados a otras formas delictivas, en particular en contextos de crimen organizado, y en relación con los flujos financieros derivados del delito, así como brindar orientaciones prácticas para la atención de las víctimas y el desarrollo de los actos mínimos de investigación.

2. FINALIDAD

Orientar la labor fiscal, a efectos de:

i) Contribuir a identificar señales de alerta o indicadores de los delitos de trata y explotación de personas cuando se vinculan a otras formas delictivas, especialmente en el contexto del crimen organizado y de los flujos financieros derivados del delito.

ii) Fortalecer el uso de herramientas y técnicas especializadas, particularmente el análisis de prueba digital y de los flujos financieros.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Guía Operativa se aplica los fiscales de las Fiscalías Especializadas de Crimen Organizado, Trata de Personas, Lavado de Activos, Extinción de Dominio, Corrupción de Funcionarios Tráfico ilícito de Drogas, Materia Ambiental, Derechos Humanos e Interculturalidad, Delitos de Terrorismo y delitos conexos, Prevención del Delito, Violencia contra las Mujeres y Grupo Familiar, Ciberdelincuencia del Ministerio Público y a la Unidad Central de Protección y Asistencia a Victimas y Testigos que en el marco de sus competencias, adviertan indicadores de que se está frente a un caso de trata o de explotación de personas, así como de flujos financieros derivados de estos delitos.

Asimismo, sus disposiciones resultan aplicables en el marco de las actuaciones fiscales desarrolladas en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras entidades competentes, particularmente en la ejecución de diligencias preliminares, investigaciones preparatorias y operativos conjuntos vinculados a estos fenómenos delictivos.

De igual manera, la Guía resulta aplicable en los casos en que se identifique la existencia de estructuras criminales, economías ilícitas o flujos financieros derivados del delito, que requieran un abordaje integral y especializado conforme a los lineamientos establecidos en el instrumento.

4 BASE NORMATIVA

4.1. Normas Internacionales

      • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios.
      • Declaración Universal de los Derechos Humanos.
      • Convenio 29 de la OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio.
      • Convenio 105 de la OIT relativo a la abolición del trabajo forzoso.
      • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
      • Convención Americana sobre Derechos Humanos.
      • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
      • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, «Convención de Belém do Pará».
      • Convenio 182 de la OIT relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
      • Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
      • Otros tratados o convenios internacionales afines a la naturaleza de la presente Guía.

4.2. Normas Nacionales

      • Constitución Política del Perú. [Clic aquí]
      • Decreto Legislativo N.º 635, que promulga el Código Penal. [Clic aquí]
      • Decreto Legislativo N.º 957, que promulga el Código Procesal Penal. [Clic aquí]
      • Decreto Legislativo N.° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería ilegal y Crimen Organizado. [Clic aquí]
      • Ley N.° 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. [Clic aquí]
      • Ley N.º 30077, Ley contra el crimen organizado. [Clic aquí]
      • Ley N.° 30364, Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
      • Ley N.º 31146, Ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la

      • Ley N.° 28950, ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana. [Clic aquí]

      • Ley N.º 30963 que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

      • Ley N.° 30251, Ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas.

      • Decreto Supremo N.º 001-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes. [Clic aquí]

      • Decreto Supremo N.º 017-2017-IN, que aprueba el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021.

      • Decreto Supremo N.° 009-2021-IN, que aprueba la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030.

      • Decreto Supremo N.º 007-2023-IN, que aprueba el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Victimas de Trata de Personas.

      • Resolución Ministerial 203-2014-MIMP, que aprueba el Protocolo Intrasectorial para la Atención a Victimas de Trata de Personas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

      • Resolución Ministerial N.° 524-2020-IN, que aprueba la Guía operativa para la Investigación del Delito de Trata de Personas. [Clic aquí]

      • Resolución de la Fiscalía de la Nación 1247-2012-MP-FN, que aprueba la Guía de procedimiento para la entrevista única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, y trata con fines de explotación sexual.

      • Resolución de Fiscalía de la Nación 257-2014-MP-FN, que aprueba el Protocolo del Ministerio Público para la Atención a Víctimas de Trata de Personas.

      • Resolución de Fiscalía de la Nación N.° 290-2016-MP-FN, que aprueba el Manual de Operaciones de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.

      • Resolución de Fiscalía de la Nación N.° 2636-2018-MP-FN que aprueba el Protocolo para la Acreditación de la Situación de Vulnerabilidad de las Victimas de Trata de Personas. [Clic aquí]

      • Resolución de Fiscalía de la Nación N.° 3308-2019-MP-FN que modifica el capítulo tercero, artículo 10 del Manual de Operaciones de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.

      • Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2291-2019-MP-FN que aprueba el Protocolo del Ministerio Público para la Atención de Victimas del Delito de Trata de Personas, Personas en Situación de Tráfico ilícito de Migrantes y Victimas de Delitos en el Contexto de la Migración.

      • Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 1427-2025-MP-FN, que dispone la implementación de los Grupos de Fiscales Coordinados (GRUFICOR) como estrategia operativa del Ministerio Público para la investigación integrada de delitos cometidos por organizaciones criminales (según información proporcionada por nuestro portal.mpfn.gob.pe, no figura en la intranet), que involucren delitos contextos y/o de especialidades múltiples; y dictan otras disposiciones.

      • Otras normas complementarias, tratados o convenios internacionales afines a la naturaleza de la presente Guía.

Las mencionadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, complementarias y conexas de corresponder.

5. DEFINICIONES, ENFOQUES Y PRINCIPIOS

La investigación de la trata y de la explotación de personas vinculada a otros delitos y al crimen organizado tomarán en cuenta las definiciones, enfoques y principios que se desarrollarán a continuación.

5.1. Definiciones

Para efectos de la presente guía, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones:

      • Cibercrimen: Cualquier comportamiento delictivo realizado en el ciberespacio, es decir, en el ámbito virtual de la interacción y comunicación personal que se produce a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
      • Crimen organizado: Es un fenómeno que contempla un conjunto de actividades delictivas cometidas por un grupo delictivo organizado creado específicamente para ese fin. El crimen organizado controla un determinado territorio o un eslabón de la cadena de valor de un mercado ilegal. Además, penetra en los circuitos económicos formales e informales para introducir sus ganancias y burlar el control estatal, así como diversifica sus delitos o se especializa en uno en particular con el fin de aumentar la rentabilidad de sus actividades. Se caracteriza por usar la violencia (directa e indirecta) y la corrupción en diferentes niveles como medios de operación, no solo en las altas esferas del poder sino también en aquellos ámbitos burocráticos necesarios para la realización de sus actividades delictivas.
      • Delito de banda criminal: Tipificado en el artículo 317-B del Código Penal, el cual prevé y sanciona el constituir o integrar una unión de dos o más personas que, sin reunir algunas o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317, tiene por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente³. De acuerdo con el Acuerdo Plenario N.° 08-2019/CIJ-1164, este delito involucra a grupos delictivos organizados que no se dedican a activar y mantener negocios o economías ilegales, sino simplemente a la comisión reiterada de actividades criminales como el robo, extorsión, marcaje o secuestro a través de un grupo de integrantes reducido, de un modus operandi rutinario y a través de la sorpresa, el asalto o el empleo de medios violentos.
      • Delito de lavado de activos: Tipificado a través del Decreto Legislativo N° 1106 y consiste en el proceso por el cual se busca introducir en la estructura económica y financiera de un país recursos (dinero, bienes, efectos o ganancias) provenientes de actividades ilícitas (actividad criminal precedente), con la finalidad de darles apariencia de legalidad.
      • Delito de minería ilegal: Tipificado en el artículo 307-A del Código Penal, el cual prevé y sanciona realizar actividades de exploración, extracción, explotación, beneficio u otra actividad minera según la ley de la materia, de recursos minerales metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente y que causa o puede causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad o salud ambiental.
      • Delito de organización criminal: Tipificado en el articulo 317-B del Código Penal, el cual prevé y sanciona el organizar, constituir o integrar un grupo que tenga una estructura compleja, desarrollada y de mayor capacidad operativa compuesta por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados para la comisión de delitos sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor de cinco años (como la extorsión, secuestro, sicariato y otros). Según el Acuerdo Plenario N.° 08-2019/CIJ-1168, este delito involucra a grupos delictivos organizados que presentan gran capacidad operativa y organización compleja, lo que les permite activar economías ilegales o procesos de producción de bienes y servicios ilegales propios del crimen organizado.
      • Delito de trabajo forzoso: Tipificado en el artículo 129-O del Código Penal, el cual prevé y sanciona el someter u obligar a una persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a brindar un trabajo o servicio.
      • Delito de tráfico ilícito de drogas: Tipificado en la Sección II, del Capítulo III, del Título XII, del Libro Segundo del Código Penal, el cual prevé y sanciona la promoción, favorecimiento y facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas, sean estupefacientes, sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas, mediante actos de fabricación o tráfico. También incluye la posesión para usos ilegales; la introducción al país, producción, acopiamiento, provisión, comercialización o transporte de las materias primas y sustancias químicas destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas; entre otras conductas típicas.
      • Delito de trata de personas: Tipificado en el artículo 129-A del Código Penal, el cual prevé y sanciona el captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener a una persona con fines de explotación. Cuando las víctimas son adultas, el delito de trata de personas requiere que las conductas antes enumeradas se ejecuten a través de medios coactivos, como la violencia y la amenaza, medios fraudulentos o medios abusivos, como el abuso de la situación de vulnerabilidad. Cuando las víctimas son menores de edad, no se requiere el empleo de dichos medios.
      • Esclavitud: Modalidad del delito tipificado en el artículo 129-Ñ del Código Penal. Es la forma de explotación más grave, una finalidad de la trata de personas; se caracteriza porque la persona es obligada a brindar un trabajo, servicio o cualquier actividad en provecho de un tercero bajo condiciones en las que éste ha anulado o restringido severamente su autodeterminación, de modo que pueda ejercer, de facto, atributos del derecho de propiedad sobre la víctima.
      • Grupo delictivo organizado: En el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se define como el grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Por «delito grave» se entiende la conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave. Por «grupo estructurado» se entiende a un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. En el ámbito del derecho penal peruano, se manifiesta en dos figuras delictivas: banda criminal y organización criminal.
      • Indicadores de trata o explotación de personas: Son banderas rojas, signos comunes o «pistas» que alertan sobre la mayor probabilidad de estar frente a un caso de trata de personas o explotación de personas. De este modo, la presencia de varios indicadores pueden ser una alerta para las autoridades de la identificación y/o investigación de la trata y explotación de personas. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ha publicado una lista general de indicadores de estos delitos.
      • Servidumbre: Modalidad del delito tipificado en el artículo 129-Ñ del Código Penal. Es una forma de explotación, una finalidad de la trata de personas. Se caracteriza porque la persona es obligada a brindar un trabajo, servicio o cualquier actividad en provecho de un tercero bajo condiciones en las que éste ha aislado a la víctima a través del compromiso de vivir en un inmueble y le ha generado la percepción de que su situación es inmutable.
      • Tala ilegal: Modalidad del delito tipificado en el artículo 310 del Código Penal, «Delitos contra los bosques o formaciones boscosas». Consiste en la extracción y/o corte20, en todo o en parte, de bosques u otras formaciones boscosas, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente. Es preciso destacar que el artículo 310 también incluye las conductas de destrucción, quema y daño; mientras que el artículo 310-A tipifica el tráfico ilegal de productos forestales maderables y prohíbe la adquisición, acopiamiento, almacenamiento, transporte, ocultamiento, custodia, comercialización, embarcamiento, desembarcación, importación, exportación y reexportación de productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito se conoce o puede presumir.

5.2. Enfoques

En la aplicación de la siguiente guía, se deben considerar los siguientes enfoques:

      • Enfoque de Derechos Humanos: La función fiscal debe tomar como marco referencial los derechos fundamentales reconocidos en normas internacionales y nacionales; así como la posición de garante que ostenta el Estado en la promoción, defensa y protección de dichos derechos y la condición de toda persona como titular de estos.
      • Enfoque de Género: La función fiscal debe ejercerse tomado en cuenta la posición de desigualdad y subordinación estructural en la que se encuentran mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y evitando reproducir toda forma de discriminación y violencia por razones de género.
      • Enfoque de Interseccionalidad: La función fiscal debe de tomar en cuenta que no basta con identificar una única condición de vulnerabilidad como el género, sino que es necesario analizar cómo diversos factores de vulnerabilidad etnia, raza, orientación sexual, identidad de género real o percibida, discapacidad, situación de migrante, adulto mayor, entre otros intensifican el riesgo de afectación de derechos humanos y las barreras de acceso a la justicia.
      • Enfoque Basado en el Trauma: La función fiscal en casos de trata y explotación de personas debe de partir por reconocer que las víctimas comúnmente están expuestas a experiencias de violencia severa, reiterada y de carácter interpersonal que genera impactos psicológicos y físicos duraderos. Además, se debe de comprender que muchas victimas han sufrido trauma complejo y polivictimización, lo que afecta su capacidad de memoria, toma de decisiones, regulación emocional, confianza y respuesta a situaciones de estrés. En este sentido, se debe valorar que algunas conductas de las víctimas aparentes inconsistencias en su relato, resistencia, retraimiento o comportamientos considerados «disruptivos son manifestaciones del trauma y se debe de evitar su descalificación o criminalización.
      • Enfoque Centrado en la Victima: La función fiscal en casos de trata y explotación de personas debe orientarse a atender las necesidades y preocupaciones de la víctima, aplicando procedimientos que prioricen sus intereses y garanticen la entrega sensitiva, sensible y sin prejuicios de los servicios integrales. Requiere de la priorización de las necesidades de la victima, la evitación de revictimización, la garantía de protección y cuidado, el aseguramiento del acceso a la justicia, el empoderamiento y promoción de la participación de la víctima y la promoción de la restitución de sus derechos.

5.3 Principios aplicables

La actuación fiscal se rige por los siguientes principios:

      • Principio de No Punibilidad: Evitar que las personas víctimas de trata y explotación sean procesadas, detenidas o castigadas por las actividades en las que participan como consecuencia directa de su situación como víctimas. Este principio ha sido directamente reconocido por el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 27.
      • Principio de «No dejar a nadie atrás»: Identificar las desigualdades injustas, así como patrones de discriminación presentes en las normas, políticas y prácticas. En ese sentido, debe adoptar decisiones y estrategias de intervención que contribuyan a superar situaciones de exclusión y limitaciones estructurales, promoviendo el uso de herramientas jurídicas e institucionales disponibles. Asimismo, debe garantizar la participación libre, activa y efectiva de las personas involucradas en el proceso, en especial de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o marginación.
      • Principio de «No hacer daño»: Evitar la generación de daños adicionales directos o indirectos a las víctimas, a sus entornos y a otros sujetos involucrados. Este principio parte del reconocimiento de que incluso las actuaciones bien intencionadas pueden producir efectos negativos no previstos, por lo que resulta indispensable identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a cada decisión o actuación fiscal.

6. ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA COMPRENDER LOS DELITOS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y DETECTAR SU RELACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO

6.1. Orientaciones prácticas para la comprensión del Delito de Trata de Personas

La base legal que define internacionalmente al delito de trata de personas se encuentra en el artículo 3 del «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional» (en adelante, el Protocolo de Palermo). En el ámbito nacional, la trata de personas es definida en el artículo 129-A del Código Penal.

Se recomienda tomar las siguientes orientaciones prácticas para la comprensión del delito trata de personas:

Cuadro N° 1: Orientaciones prácticas para la comprensión del delito de trata de personas

Elemento del tipoOrientaciones prácticas para su comprensión
Conductas
  • Requiere de conductas alternativas e independientes entre sí orientadas a la explotación de la víctima: captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener.
  • Basta con que se identifique una de estas conductas para que este delito se pueda configurar, no siendo necesario que se produzca de manera sucesiva.
Medios
  • Para supuestos con victimas mayores de edad, requiere de la presencia de medios alternativos empleados por el tratante. No solo se ha reconocido los medios coactivos tradicionales como la violencia o la amenaza, sino también el fraude, el engaño y el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.
  • Si se identifica que el tratante empleó alguno de estos medios, el consentimiento de la víctima carece de efectos jurídicos.
  • Entre los medios típicos, se tomará en cuenta que el abuso de la situación de vulnerabilidad se produce cuando el agente conoce que la víctima, por un factor mental, psicosocial, físico o antropológico social, no tiene otra alternativa más allá de someterse a su voluntad y se aprovecha de ello para captarla, transportarla, trasladaría, acogerla, recibirla o retenerla.
  • Para supuestos con víctimas niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, no se requiere de la presencia de medios típicos. Así, por ejemplo, el transporte de una adolescente con fines de explotación sexual no requiere que se emplee el engaño u otro medio, siendo suficiente para que constituya delito que la víctima acepte realizar actividades sexuales para el provecho del explotador. En el mismo sentido, la captación de un niño con fines de que sea explotado por una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas no requiere que el tratante emplee violencia, amenaza, engaño o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.
Fines
  • La trata de personas no exige que la víctima sea explotada, es decir, que realice las actividades, labores o servicios materia de explotación.
  • Objetivamente, basta con que el agente realice alguna de las conductas típicas. Sin embargo, la trata es un delito de tendencia interna trascendente, por lo que el autor tiene que actuar con un propósito particular: explotar a la víctima.
  • La explotación consiste en obligar a una persona a realizar un trabajo, servicio o actividad para obtener un provecho y/o aprovecharse de una persona menor de edad para hacerlo realizar un trabajo, servicio o actividad peligrosa.
  • Se puede explotar a una persona en cualquier actividad: agrícola, trabajo doméstico, tráfico ilícito de drogas, minería, forestal, sexual, extracción de órganos, reproductiva, adopción de niños y niñas, entre otros.

 

[CONTINÚA…]

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