Toda sanción penal o administrativa debe fundarse en una mínima actividad probatoria de cargo, es decir, la carga de la prueba le corresponde al que acusa; éste debe probar proscribiéndose sanciones que se basen en presunciones de culpabilidad

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El valor normativo de los derechos y libertades fundamentales encuentra tutela a través de las garantías constitucionales, constituyéndose éstas, por un lado, en mecanismos de tutela jurisdiccional a favor del ciudadano, y, por otro, en disposiciones que vinculan al legislador. En ese sentido, éste no puede legislar de manera tal que limite o desvirtúe la eficacia de las garantías constitucionales, pues una debida tutela jurisdiccional significa que los derechos sustanciales son susceptibles de tutela en caso de lesión.

En el caso, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25735 señala que «Los pronunciamientos judiciales que promuevan los interesados como consecuencia de las acciones que adopte en el Proceso de Reestructuración y Reorganización del Ministerio Público, no contendrán mandato de restitución o posesión de cargo alguno, pudiendo otorgar al demandante la posibilidad de una nueva y última evaluación, si correspondiere»; así, si bien no indica, de manera explícita, la improcedencia de la acción de amparo para cuestionar los ceses que se realizaran a través de las resoluciones de la Fiscalía de la Nación (artículo 7″). materialmente desvirtúa la eficacia de la sentencia favorable en un proceso de amparo, pues, como se deduce del Art. 1º de la Ley Nº 23506, el objeto de ésta es el de reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho constitucional.

En ese sentido, y dado que en un eventual proceso se aplicaría la segunda disposición complementaria del decreto ley cuestionado, el Tribunal Constitucional considera que, en el caso, el justiciable estuvo imposibilitado de acudir al amparo, pues aquél constituye un impedimento y como ya lo ha señalado este Colegiado: «No procede alegar la caducidad en los procesos de amparo cuando el accionante se encontró impedido de ejercer su derecho de acción, en forma directa o indirecta, en virtud del mandato expreso de una norma legal, dado que mientras la misma no sea removida, la inexistencia de un recurso idóneo no puede implicar la convalidación de un acto atentatorio de los derechos fundamentales. En todo caso, dicho plazo se computará desde la remoción del impedimento». (Exp. Nº 1109-2002-AA/TC, fundamento 16.a.).