Principio de culpabilidad y exclusión de la responsabilidad objetiva [Casación 724-2014-Cañete]

3.6.2 La vulneración del principio de culpabilidad en el presente caso no solamente es evidente porque se ha condenado a los imputados por ser las últimas personas que tuvieron »contacto físico” con el resultado de muerte del agraviado, es decir, por una pura fenomenología naturalística no probada de que ellos lo hayan producido, sino además porque unido a este razonamiento la Sala Penal Superior en el considerando cinco punto seis ha valorado como elementos de prueba incriminatoria idóneas los Protocolos de Pericia Psicológica practicadas a los agraviados, donde se concluye que ———- “presenta una personalidad de rasgos inmaduros y disociales”, y ———- “presenta una personalidad con acentuación de rasgos inestables y disociales”; que, siendo esto así la condena prácticamente se ha fundamentado en la personalidad de los imputados y no en sus actos practicados, quebrantándose una vez más el principio de culpabilidad, puesto que este principio impone que nadie debe responder penalmente por su personalidad, o por su carácter; además, el Derecho Penal vigente es un Derecho Penal de acto y no un Derecho penal de autor o de la personalidad; cuando se valora la personalidad, el juzgamiento inquiere en lo interno, en lo privado de la persona, al cual el Derecho Penal tiene prohibido el ingreso, de allí que tiene razón Jakobs a enfatizar que »cuando el Estado se inmiscuye en el ámbito privado termina la privacidad y con ella la posición del ciudadano como sujeto; sin su ámbito privado el ciudadano no existe» (JAKOBS, Günther. Estudios de Derecho Penal, Civitas, Madrid, página doscientos noventa y siete).

[…]

3.6.4 Para mayor abundamiento se ha de subrayar que la constatación de la lesión de un bien jurídico, en el caso de autos como el derecho a la vida, por sí misma resulta insuficiente para determinar la responsabilidad penal de una persona, máxime si más allá de la actividad que los recurrentes ———- y ———- hacían [efectivos policiales que cumplían su función en el Comisaría donde se suscitó el evento delictivo], no existe prueba directa ni indirecta para sostener una responsabilidad penal: la prueba pericial sólo es útil para determinar el deceso de la víctima, pero no para probar la culpabilidad del autor o autores.

3.6.5 Aunado a ello, el Ad quo no tuvo en cuenta lo previsto en el artículo veintitrés del Código Penal que prevé: »El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo comentan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción”, de donde se desprende que el texto legal no da una regla expresa de coautoría, pues está implícita en la noción de autor. La doctrina señala que la coautoría en el ámbito de los delitos de dominio se presenta cuando varias personas de común acuerdo, siguen un plan, toman parte en la fase ejecutiva de la realización del tipo, dominando el hecho entre todos; tampoco que en materia penal, está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, conforme lo dispone el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico se adhiere al Derecho Penal de acto y no al Derecho Penal de autor, pues es el respecto de los principios penales y procesales en que se funda un Estado de Derecho Constitucional, que con sus defectos es el mejor sistema de control social.

Asimismo, no se detalla cuál fue la participación de los recurrentes ———- y ———- durante el desarrollo del ilícito homicidio calificado; esto es, el codominio del hecho que fundamenta su co-autoría, la misma que para su configuración se requieren dos condiciones; la decisión común y la realización en común división de trabajo, resultando necesario establecer cuál fue el aporte de cada autor y de los demás intervinientes, sino por el contrario Ad quem utiliza como argumento de condena indicando que la responsabilidad penal de los encausados ———- y ———- fue por solo hecho de que éstos tuvieron el último contacto [físico con el agraviado y que no habían otros efectivos policiales en la Comisaría PNP; ello no resulta suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria, lo contrario implicaría revivir la máxima proscrita del versari in re illicita o responsabilidad objetiva a que hace referencia el artículo sétimo del título preliminar del Código Penal.