[Noticia] La decisión del juez Sergio Chimpén de rechazar el archivo de una investigación contra un efectivo policial por un enfrentamiento en Chiclayo genera controversia. Paralelamente, surgen interrogantes sobre el caso de alias «Negro May Zambrano», intervenido con un revólver y marihuana, y las decisiones judiciales adoptadas en ambos procesos.
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JUEZ SERGIO CHIMPÉN RECHAZA ARCHIVAR INVESTIGACIÓN CONTRA EL POLICÍA GALLOSO, QUIEN ABATIÓ A UN DELINCUENTE.
El magistrado Sergio Chimpén Asenjo vuelve a estar en el centro de la controversia tras rechazar el requerimiento de sobreseimiento presentado por el Ministerio Público a favor de uno de los efectivos policiales que participaron en un enfrentamiento armado ocurrido el 21 de junio de 2024, en Chiclayo, durante el cual fue abatido un presunto asaltante.
Pese a que la Fiscalía solicitó el archivo de la investigación contra los tres policías involucrados, el juez declaró improcedente el sobreseimiento respecto de uno de ellos, al considerar que existían aspectos relacionados con la proporcionalidad del uso de la fuerza que debían esclarecerse. En consecuencia, dispuso remitir los actuados al fiscal superior para que ratificara o rectificara el requerimiento fiscal.
Sin embargo, esta decisión ha reavivado el interés por otro caso protagonizado por el mismo magistrado.
¿QUÉ PASÓ CON «NEGRO MAY ZAMBRANO», INTERVENIDO CON REVÓLVER Y MARIHUANA?
El juez Sergio Chimpén declaró infundado el requerimiento de siete meses de prisión preventiva formulado por la Fiscalía contra Cristian May Zambrano Curinuqui, alias «May Zambrano», hijo del fallecido José Alberto Zambrano Huamán, conocido como «Negro Zambrano».
El investigado había sido intervenido por efectivos de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Chiclayo el 13 de junio de 2024, en las inmediaciones del cementerio El Carmen. Durante el registro personal, los agentes policiales encontraron un revólver con la serie erradicada, marihuana y otras sustancias presuntamente ilícitas, conforme al reporte oficial de la Policía Nacional del Perú.
De acuerdo con la información difundida, el magistrado consideró que el investigado contaba con arraigo familiar y domiciliario, además de carecer de antecedentes penales, por lo que no se habría acreditado el peligro procesal necesario para imponer la prisión preventiva.
No obstante, los agentes policiales que participaron en su intervención expresaron su desacuerdo con la decisión judicial. Cuestionaron que el investigado contara con arraigo suficiente y sostuvieron que no habría colaborado durante las investigaciones.
Aunque se trata de procesos distintos, con hechos y presupuestos legales diferentes, ambas decisiones han generado interrogantes sobre la valoración de los elementos de convicción y la fundamentación de las resoluciones judiciales.
La controversia pone nuevamente sobre la mesa la importancia de que los órganos jurisdiccionales evalúen de manera objetiva las circunstancias de cada intervención policial, las pruebas incorporadas y las exigencias legales correspondientes.
La ciudadanía merece decisiones judiciales debidamente motivadas, transparentes y respetuosas del debido proceso, tanto para los ciudadanos investigados como para los efectivos policiales que arriesgan su vida en el cumplimiento de sus funciones.
