Fiscal adjunto no puede ordenar la devolución de un vehículo mediante providencia, pues dicha decisión corresponde al fiscal provincial y requiere una disposición motivada [AP 379-2024-Cañete]

[Corte Suprema] Mediante el Apelación N°. 379-2024-Cañete del 21ABR2026, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, confirma «Fiscal adjunto no puede ordenar la devolución de un vehículo mediante providencia, pues dicha decisión corresponde al fiscal provincial y requiere una disposición motivada». ⇒DESCARGUE AQUÍ⇐


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO DE APELACIÓN N.° 379-2024-CAÑETE

Usurpación de función pública. Tipicidad objetiva y subjetiva

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El artículo 361 del Código Penal establece tres modalidades típicas de comisión: i) para aquel que, sin contar con título o nombramiento usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, atribuciones que obviamente requieren de determinada investidura para ejercerlas; ii) en caso de aquel funcionario o agente público que ya no cuente con dicha investidura por cese, destitución, subrogación o suspensión, y que a sabiendas de esta falta de legitimidad continúe ejerciendo funciones propias del cargo que ostentaba; y iii) para aquel funcionario público que, encontrándose en ejercicio activo, despliega actos que no son inherentes a su cargo, sino que, por el contrario, le competen a otro agente público. En todos estos supuestos, la materialización delictuosa requiere la actuación a título de dolo, es decir, con conocimiento previo de la falta de atribución para ejercer las actuaciones funcionariales desplegadas, sea cual fuere el supuesto que haya originado esta carencia de facultades.

SENTENCIA DE APELACIÓN

Lima, veintiuno de abril de dos mil veintiséis

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de XXXXXXXXXXX contra la sentencia recaída en la Resolución n.° 4, del veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, emitida por la Sala Penal Especial Superior (Colegiado de Juzgamiento Especial) de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que lo condenó como autor de la comisión del delito contra la Administración pública, en la modalidad de usurpación de función pública, en agravio del Estado (representado por la Procuraduría Pública del Ministerio Público), y le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de prueba de tres años, sujeto a reglas de conducta, lo inhabilitó por un año y cuatro meses y le fijó el pago de S/ 10 000 (diez mil soles) por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema MAITA DORREGARAY.

CONSIDERANDO

Primero. Antecedentes procesales

1.1. El representante de la Primera Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Cañete formuló requerimiento de acusación contra el investigado XXXXXXXXXXXX como presunto autor del delito contra la Administración pública-delitos cometidos por particulares en la modalidad de usurpación de función pública (ilícito previsto y sancionado en el artículo 361 del Código Penal), en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Solicitó que se le imponga cuatro años de privación de la libertad, inhabilitación por un año y cuatro meses, y el pago de S/ 4000 (cuatro mil soles) de reparación civil (fojas 11 a 26, reverso, del cuadernillo de supremo).

1.2. El juez del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria para Procesos por Delitos de Función Atribuidos a otros Funcionarios Públicos de la Corte Superior de Justicia de Cañete realizó la audiencia preliminar de control de acusación (fojas 27 a 32, reverso, del cuadernillo supremo) y por Resolución n.° 8 del diecinueve de julio de dos mil veinticuatro, emitió el auto de enjuiciamiento correspondiente contra el acusado por el delito imputado en la acusación fiscal (fojas 33 a 40, reverso, del cuadernillo supremo).

1.3. La Sala Penal Especial Superior de la Corte Superior de Justicia de Cañete, mediante Resolución n.° 1 del veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, citó a los sujetos procesales para el inicio del juicio oral. Producido el juzgamiento respectivo, conforme al procedimiento legalmente previsto, la referida Sala Superior emitió sentencia por Resolución n.° 4 del veintidós de octubre de dos mil veinticuatro (fojas 44 a 157, reverso, del cuadernillo supremo), y condenó a XXXXXXXXXXX como autor del delito de usurpación de función pública, le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución con periodo de prueba de tres años, lo inhabilitó por un año y cuatro meses, y le fijó el pago de S/ 10 000 (diez mil soles) por reparación civil.

1.4. El seis de noviembre de dos mil veinticuatro, la defensa técnica del encausado XXXXXXXXXXX interpuso apelación contra la antes referida sentencia (fojas 161 a 173, reverso, del cuadernillo supremo), y dicho recurso fue concedido por el Colegiado Superior mediante Resolución n.o 5, del catorce de noviembre de dos mil veinticuatro (fojas 174 y 175, reverso, del cuadernillo supremo).

1.5. Elevada en grado la causa, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se avocó a su conocimiento y, por decreto del veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, se señaló como fecha para la audiencia de calificación el uno de abril de dos mil veinticinco, en la cual se emitió el auto de calificación (fojas 182 y 183 del cuadernillo supremo), que declaró bien concedido el recurso de apelación interpuesto.

1.6. Mediante decreto del diez de marzo de dos mil veintiséis, se señaló como fecha de audiencia de apelación el miércoles ocho de abril del año en curso (foja 188 del cuadernillo supremo). Llegada la fecha, se realizó la audiencia conforme al acta que antecede, y la causa quedó expedita para la emisión de la sentencia.

1.7. Deliberada la causa en secreto y votada, esta Sala Suprema cumplió con pronunciar la presente sentencia de apelación, cuya lectura en audiencia pública —con las partes que asistan— se realiza en la fecha.

[Continúa…]

FUNDAMENTO DESTACADO:  

6.1. El principio de limitación recursal, según lo establecido en la Casación n.o 1967-2019/Apurímac, deriva del principio dispositivo, referido a la demarcación del ámbito de la decisión que posee el Tribunal revisor, de modo que se permite emitir pronunciamiento solo respecto a la resolución materia de impugnación y a los aspectos cuestionados por el recurrente, con base en su pretensión formulada. En otras palabras, las limitaciones de las decisiones en segunda instancia se establecen por el contenido de los agravios y el petitorio del apelante.

6.2. La defensa técnica del apelante cuestionó que la imputación de la Fiscalía fue insuficiente, pues el tipo penal objeto de incriminación constituye una ley penal en blanco, y no se acreditó cuál era la norma extrapenal o administrativa expresa que determine que, en su calidad de fiscal adjunto provincial, no podía firmar una providencia que ordene la devolución de un vehículo, más aún si quedó objetivamente acreditado que ello fue ordenado y de conocimiento previo del fiscal provincial. Asimismo, sostuvo que existieron errores de interpretación probatoria, por cuanto también estuvo corroborado que el sentenciado desconocía respecto a la devolución del vehículo, pues ello se coordinó directamente con el fiscal provincial, más aún si la firma digital fue realizada por la asistente XXXXXXXXXXX y no por este.

 

[Continúa…]

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de . En consecuencia, CONFIRMARON la sentencia recaída en la Resolución n.° 4, del veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, emitida por la Sala Penal Especial Superior (Colegiado de Juzgamiento Especial) de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que lo condenó como autor de la comisión del delito contra la Administración pública, en la modalidad de usurpación de función pública, en agravio del Estado (representado por la Procuraduría Pública del Ministerio Público), y le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de prueba de tres años, sujeto a reglas de conducta, lo inhabilitó por un año y cuatro meses y le fijó el pago de S/ 10 000 (diez mil soles) por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.

II. CONDENARON al recurrente al pago de las costas procesales, las cuales serán liquidadas y ejecutadas por el Juzgado de origen.

III. ORDENARON que la presente sentencia de apelación sea leída en audiencia pública y que, acto seguido, se notifique a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema y se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el expediente al órgano jurisdiccional de origen para los fines de ley y que se archive el cuaderno respectivo en la Corte Suprema.

SS.
PRADO SALDARRIAGA
LUJÁN TÚPEZ
ALTABÁS KAJATT
PEÑA FARFÁN
MAITA DORREGARAY

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