El Estado requirente debe acreditar garantías reales y suficientes para proteger el derecho a la vida [Exp. 02115-2018-PHC/TC]

|Sentencias del Tribunal Constitucional| Mediante Sentencia del 10ENE2019, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, en el Exp. 02115-2018-PHC/TC, se pronunció «El Estado requirente debe acreditar garantías reales y suficientes para proteger el derecho a la vida». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 02115-2018-PHC/TC

RAZÓN DE RELATORÍA

La resolución emitida en el expediente 02115-2018-PHC/TC, es aquella que declara NULA la resolución expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 36, de fecha 28 de mayo de 2018; y NULO todo lo actuado desde fojas 21, debiendo admitirse a trămite la demanda. Dicha resolución está conformada por los votos de los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, este último convocado para dirimir la discordia suscitada en autos.

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Se deja constancia que los magistrados concuerdan en el sentido del fallo y la resolución alcanza los tres votos conformes, tal como lo prevé el artículo 11, primer párrafo del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional en concordancia con el artículo 5, cuarto párrafo de su Ley Orgánica.

Finalmente, se acompaña el voto singular del magistrado Ferrero Costa.

Lima, 10 de enero de 2019.

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES Y SARDÓN DE TABOADA

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña xxxx contra la resolución de fojas 36, de fecha 28 de mayo de 2018, expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

1. El 15 de mayo de 2018, doña xxxx interpone demanda de habeas corpus y la dirige contra los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Solicita que se declare la nulidad de la resolución suprema de fecha 8 de febrero de 2018 que declaró procedente la solicitud de extradición pasiva formulada por las autoridades judiciales competentes de los Estados Unidos de América respecto a la recurrente a fin de que sea juzgada por el delito de asesinato (Extradición Pasiva 15-2018). Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, de defensa y a la tutela procesal efectiva.

2. Sostiene la actora que la Sala suprema demandada luego de haber recibido el cuaderno de extradición pasiva emitió la resolución de fecha 30 de enero de 2018 por la cual programó la audiencia de extradición a las 8:30 a. m. del día 8 de febrero de 2018, con citación de la demandante, de su abogado defensor, el fiscal supremo y los demás intervinientes apersonados, la cual se realizó sin la presencia del fiscal supremo ni del representante de los Estados Unidos de América. Alega que en dicha audiencia no se le permitió la presentación de pruebas para cuestionar las que aparecen en el cuaderno de extradición, no se sometió al interrogatorio a la accionante y que la Sala demandada se pronunció dentro del plazo de veintiún días cuando dicha decisión debió haber sido dictada en la misma audiencia, todo lo cual constituyen actuaciones procesales importantes y de obligatorio cumplimiento.

3. Agrega que la Sala demandada no observó los presupuestos legales establecidos en el tratado bilateral sobre extradiciones celebrado entre el Perú y los Estados Unidos de América, tales como el de la real garantía y suficiente de no aplicar la pena de muerte para que proceda la entrega de la actora: que en la mencionada audiencia también se omitió solicitar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América la ratificación de dicha garantía, documento que no resulta confiable e insuficiente, pues su traducción no es oficial por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, no ha sido extendido por el Departamento de Justicia de dicho país y en la nota diplomática 2103 y no se consigna el nombre y la firma del funcionario competente de Estados Unidos de América. Añade que el cuaderno de extradición se encuentra en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la espera de la emisión de la resolución suprema para que proceda a la ejecución de la extradición.

4. El Vigésimo Sexto Juzgado Penal de Reos en Cárcel de Lima por resolución de fecha 2 de abril de 2018 declaró improcedente in limine la demanda porque se advierte de la cuestionada resolución suprema de fecha 8 de febrero de 2018 que cumple con las garantías correspondientes al proceso de extradición pasiva, pues la Sala suprema demandada ha compatibilizado los hechos incriminados con el delito imputado en el Estado requirente, conforme a la normatividad correspondiente al proceso de extradición pasiva, por lo que no se han afectado los derechos invocados en la demanda.

5. A su turno, la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por estimar que la extradición pasiva de la recurrente fue dictada en un proceso regular, y porque no se ha advertido que la recurrente haya presentado escritos o recursos ante la Sala suprema demandada cuestionando el proceso de extradición y que hayan merecido algún pronunciamiento estimatorio o desestimatorio.

[Continúa…]

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