DIVIAC: Falso secuestro para ocultar compras y partidas para «Inteligencia»

Nuevos casos de corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) han salido a la luz tras investigaciones sobre compras millonarias y fondos asignados a la unidad de la Dirección de Inteligencia (DIVIAC) para «inteligencia» y «gastos operativos». Estos fondos, supuestamente destinados a tareas de seguridad, en realidad eran malversados y desviados para fines personales por los jefes de la unidad.

Uno de los escándalos más recientes involucra la compra de equipos y materiales de alto costo, que nunca fueron auditados debido a que se consideraban «secretos de estado». Mientras tanto, se exigía al personal de la PNP que cumpliera con metas de producción bajo amenazas de sanciones, sin poder justificar los gastos excesivos ni la falta de rendición de cuentas.

El falso secuestro

El 19 de diciembre de 2020, el mayor PNP Edgar Mesías Vargas, quien trabajaba en la DIVIAC, denunció haber sido víctima de un secuestro, durante el cual supuestamente le robaron una laptop con información crucial sobre la rendición de cuentas de las partidas asignadas. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el secuestro fue un montaje, ideado por los mismos oficiales implicados, quienes se ataron y vendaron para simular el hecho. El objetivo era ocultar las irregularidades en las compras y el mal manejo de los fondos de inteligencia.

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Implicados en el caso

Los implicados en este escándalo de corrupción incluyen a varios oficiales de alto rango de la PNP:

  • Coronel PNP Harvey Colchado Huamani
  • Mayor PNP Edgar Mesías Vargas
  • Teniente PNP Keila Leiva Vargas
  • Suboficial de Tercera PNP Christian Luis González Samillán

Este caso ha puesto en evidencia la falta de control y transparencia en las partidas de «inteligencia» dentro de la PNP, lo que subraya la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de los fondos destinados a estas actividades y de un sistema de rendición de cuentas más estricto. Las denuncias continúan mientras las autoridades investigan las implicaciones de estos funcionarios en actos de corrupción.

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