El Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha ordenado la auditoría de los presupuestos manejados por oficiales superiores y generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en especial en unidades especializadas como la DIVIAC, tras conocerse irregularidades en el uso de partidas millonarias destinadas a informantes y trabajos de inteligencia.
Falta de Fiscalización en Fondos Millonarios
Las partidas asignadas para el pago de informantes y actividades de inteligencia no han sido fiscalizadas adecuadamente. Estos fondos, a menudo justificados por partes e informes, no siempre corresponden a operativos de inteligencia, sino que en algunos casos, provienen de intervenciones en flagrancia, lo que genera dudas sobre la transparencia de los recursos.
El Caso del Dispositivo SEPTIER
Un ejemplo emblemático de la falta de control es el caso de la adquisición de un dispositivo de interceptación telefónica por S/1.2 millones en 2019. La compra, realizada en México, no pasó por los procedimientos correspondientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El equipo resultó inoperativo debido a incompatibilidades tecnológicas, lo que ocasionó una pérdida millonaria para el Estado.
Además, la DIVIAC recibió un presupuesto aproximado de S/72 millones para operativos policiales. Sin embargo, este presupuesto está siendo investigado debido a posibles irregularidades en la justificación de los gastos, incluyendo la sospecha de documentos duplicados.
Medidas Correctivas y Auditoría
Ante estos hechos, el Comandante General de la PNP y el Ministro del Interior han ordenado que se audite de manera exhaustiva todas las unidades que manejan estos fondos. La fiscalización de las partidas para informantes e inteligencia es ahora una prioridad, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la seguridad pública.
La medida busca asegurar que los fondos públicos se utilicen para fortalecer la lucha contra la criminalidad y no para fines ajenos a su propósito original.
