|Cortes Superiores| Mediante Expediente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, de fecha 01MAR2021, se abordó el tema de «Improcedencia de medidas de coerción de oficio contra personas jurídicas». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐
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CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN CRIMEN ORGANIZADO
EXP. 00299-2017-138-5001-JR-PE-01
APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA INFUNDADO REQUERIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POLÍTICAS
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ
Lima, primero de marzo de dos mil veintiuno
AUTOS Y VISTOS, los recursos de apelación interpuestos: por la defensa técnica del partido político Fuerza Popular (folios 6636 a 6660) y por el Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios —primer despacho fiscal de investigación— equipo especial (folios 6663 a 6684); contra la Resolución Número cinco, de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte (folios 6603 a 6632), emitida por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional —en la investigación seguida en contra del partido político mencionado y otros por la comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado—, la cual entre otros extremos, resolvió:
“PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el requerimiento de suspensión de actividades políticas del partido político Fuerza Popular, interpuesto por el señor representante del Ministerio Público, José Domingo Pérez Gómez. SEGUNDO.- IMPONER al partido político Fuerza Popular, como medida alternativa, la de SOMETIMIENTO A VIGILANCIA JUDICIAL, prevista en el artículo 313.1.d) del Código Procesal Penal, por el plazo de dos años […]”
El primer recurrente impugna lo decidido en el ordinal segundo y el Ministerio Público contra lo resuelto en el ordinal primero.
I. ANTECEDENTES
A. En fecha veintidós de julio de dos mil veinte, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial—primer despacho, invocando el artículo 313.2 del Código Procesal Penal (en adelante CPP) y el artículo 23.1.c de la Ley N.° 30077 —Ley contra el crimen organizado— solicitó la
suspensión temporal (por dos años y medio) de las actividades políticas de la persona jurídica: Partido Político Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) con RUC N.° 20535603261, domicilio legal en la avenida 9 de diciembre 422, urbanización Lima, cercado de Lima, representada por Liliana Milagros Takayama Jiménez, (folios 2 a 196); sosteniendo:
(i) existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación de la persona jurídica — apariencia del buen derecho; y,
(ii) existe la necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos del delito, peligro concreto de que a través de la persona jurídica se obstaculizará la averiguación de la verdad o se cometerán delitos de la misma clase de aquél por el que se procede.
B. El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional mediante la resolución apelada, declaró infundado dicho requerimiento e impuso al partido político Fuerza Popular, como medida alternativa, el sometimiento a vigilancia judicial por el plazo de dos años.
C. Al no estar conformes con la referida resolución:
C.1. La defensa técnica del partido político Fuerza Popular impugnó lo decidido en el segundo ordinal de la parte resolutiva de la recurrida, mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2020 y solicitó la revocatoria de la resolución apelada, exponiendo como agravios los siguientes:
i. El auto impugnado contiene una interpretación errada de la definición de “elementos probatorios suficientes” para la imposición de una medida preventiva contra la persona jurídica.
ii. El auto recurrido contiene una valoración errónea de los elementos de convicción obrantes en los actuados; la conclusión de que existe sospecha suficiente de que el partido político “Fuerza Popular” fue utilizado para favorecer, facilitar o encubrir el delito de lavado de activos, es errada.
iii. La recurrida contiene una valoración errónea de los elementos de convicción para concluir que existe la necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos del presunto delito de lavado de activos.
iv. Se incurre en un error de interpretación al aplicar una medida alternativa pese a no cumplirse concurrentemente con todos los requisitos establecidos en el artículo 313.2 literales a y b del CPP, además de tratarse de una medida alternativa no solicitada ni sustentada o sometida a debate en la audiencia de instancia, tanto más que importa un control propio de otros ámbitos y competencias.
C.2. Por su parte el Ministerio Público impugnó el extremo que declara infundado su pedido de suspensión temporal de actividades del partido político (ordinal primero), mediante escrito de fecha 04 de enero de 2021; solicitando la revocatoria de la resolución apelada y se conceda la suspensión temporal de actividades solicitada, exponiendo los siguientes
agravios:
i. Omisión de valoración de algunos elementos de convicción o medios de prueba actuados durante la audiencia de suspensión de actividades políticas del partido Fuerza Popular.
ii. Errónea interpretación del artículo 313.2.b del CPP, referida al peligro concreto.
iii. La medida de vigilancia judicial impuesta no es proporcional para cautelar al partido político Fuerza Popular, no garantizará que la persona jurídica que viene siendo instrumentalizado por una organización criminal, cese los efectos lesivos de los presuntos delitos de lavado de activos y los actos de obstrucción perpetrados.
D. Elevado a esta instancia, mediante Resolución Número seis, de fecha seis de enero de dos mil veintiuno (folios 6714 a 6716), esta Sala Superior declaró bien concedidos los recursos de apelación por Resolución Número nueve, de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, la audiencia de apelación fue realizada a través de la plataforma de videoconferencias Google Hangouts Meet, con la intervención de las partes legitimadas. Por lo que conforme al estado de este cuaderno, corresponde emitir resolución absolviendo el grado. Interviene como juez superior ponente el señor Quispe Aucca.
[Continúa]
| FUNDAMENTO DESTACADO: 4.3.1.3. Como lo establece el artículo 255 del CPP, las medidas de coerción procesal “sólo se impondrán por el juez a solicitud del fiscal, salvo el embargo y la ministración provisional de posesión que también podrán ser solicitadas por el actor civil”, a decir de César San Martín Castro, rige el principio de rogación[5], principio que también es recogido en el Acuerdo Plenario 07-2011/CJ-116, en cuyo fundamento 20 se prescribe que la regla general para la imposición de las medidas de coerción reales, es el principio de rogación y se dispone previo traslado a las partes, en especial a la parte afectada por el término de tres días. Tratándose de medidas de coerción contra personas jurídicas, el CPP no contiene norma permisiva que faculte al Juez disponer medida menos gravosa que la requerida por el sujeto legitimado[6]. 4.3.1.4. Conclusivamente, el juez no está facultado para imponer —de oficio—, una medida de coerción procesal contra una persona jurídica, hacerlo implica transgresión al principio rogatorio y afecta el debido proceso en su vertiente de no ser desviado de los procedimientos previamente establecidos (artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado); y ha dado lugar a que el propio sujeto legitimado —Ministerio Público— discrepe con la medida de coerción procesal impuesta. Este defecto debe ser corregido haciendo uso de la facultad nulificante contemplada en el artículo 409.1 del CPP, debiendo dejarse sin efecto el extremo de la resolución apelada afectado con dicho vicio, al haberse incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 150.d del CPP. |
III. DECISIÓN
Por estas consideraciones, los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado RESUELVEN:
01. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la Resolución Número cinco, de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte (folios 6603 a 6632).
02. CONFIRMAR el ordinal primero de la Resolución Número cinco, de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte), emitida por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el extremo que declaró infundado el requerimiento de suspensión temporal de las actividades políticas del partido político Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), en la investigación seguida contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi y otros por la comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.
03. DECLARAR FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del partido político Fuerza Popular.
04. DECLARAR NULO el ordinal segundo de la Resolución Número cinco, de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte (folios 6603 a 6632), emitida por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el extremo que impuso, como medida alternativa, vigilancia judicial al partido político Fuerza Popular, en la investigación seguida contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi y otros por la comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado, con lo demás que dicho extremo contiene.
DEVOLVIÉNDOSE los actuados al juzgado de origen.
REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
S.S.
QUISPE AUCCA
GÁLVEZ CONDORI
MEDINA SALAS




