|Resoluciones del Tribunal Constitucional| Mediante Sentencia del 25ABR2018, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, en el Exp. 03706-2015-PA/TC, se pronunció «Una investigación sin sanción no configura vulneración del principio non bis in idem». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 03706-2015-PA/TC
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 25 días del mes de abril de 2018, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Perrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento de los magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la sesión de Pleno Administrativo del día 27 de febrero de 2018. Asimismo se agregan los fundamentos de voto de los magistrados Miranda Canales y Espinosa- Saldaña Barrera y los votos singulares de los magistrados Sardón de Taboada y Ferrero Costa, y el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don ————— contra la sentencia de fojas 371, de fecha 16 de octubre de 2014, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de octubre de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Seguro Social de Salud (EsSalud), solicita que se declare inaplicable la carta 4986-GAP-GCGP-OGA-ESSALUD-2011, de fecha 27 de setiembre de 2011, mediante la cual se le comunicó su despido por falta grave laboral prevista en el literal “a» del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR, configurándose un despido fraudulento; y que, en consecuencia, se ordene su reincorporación como médico pediatra.
Sostiene el demandante que no se tuvo en cuenta la proporcionalidad de la sanción aplicada para los hechos, así como que los mismos ya habían sido materia de pronunciamiento previo, por lo que habría sido objeto de un despido fraudulento.
Señala haber laborado para la entidad emplazada desde el 1 de mayo al 1 de Agosto de 1999, bajo la modalidad de servicios no personales; del 2 de agosto de 1999 al JO de abril de 2000, bajo la modalidad de contrato fijo y finalmente en una relación laboral a plazo indeterminado del I de mayo de 2000 al 5 de octubre de 2011, fecha última de su cese. Agrega que se ha vulnerado la tutela procesal efectiva en el proceso administrativo que se le siguió, ya que no se motivó debidamente la resolución que dispuso su despido. Así también, no se respetó el principio de inmediatez, pues los hechos que se le imputan acaecieron en los años 1999 y 2005, siendo sancionados por la entidad mediante carta de despido recién en el año 2011.
También señala que se vulneró el principio non bis in ídem, debido a que fue objeto de una doble investigación por parte de la entidad demandada.
El apoderado judicial de la entidad demandada deduce la excepción de incompetencia por razón de la materia y contesta la demanda. Señala que el despido del demandante responde al incumplimiento de su jornada laboral, toda vez que este trabajaba en el mismo horario para los establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud: Hospital Nacional Hipólito Unanue y el Hospital Vitarte como se advierte del Informe de Control 003-2011-2-0251.
Añade que el demandante reconoce haber laborado simultáneamente para su representada y otras entidades estatales, lo que evidencia una doble percepción de ingresos por parte del Estado en el periodo comprendido entre los años 2001 a 2005. Transgrediendo de este modo lo señalado por el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, así como lo estipulado en al artículo 19 del Reglamento Interno de Trabajo para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva 139-PE-ESSALUD-99.
El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 13 de marzo de 2012, declaró infundada la excepción propuesta, y con fecha 22 de octubre de 2013, declaró infundada la demanda por considerar que en los hechos no se vulneró el principio de legalidad en la imputación de las faltas graves, así como tampoco el principio de inmediatez, ya que se trató de un caso complejo en tanto la investigación se basaba en determinar la realización de trabajos simultáneos en diversos nosocomios por parte del demandante. Asimismo, el actor fue objeto de un procedimiento administrativo disciplinario en el cual se le permitió ejercer su derecho de defensa, por lo que en el presente caso existió un despido válido.
La Sala Superior revocó la apelada y reformándola, declaró improcedente la demanda por estimar que se requiere de etapa probatoria para dilucidar la pretensión demandada.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio
1. De acuerdo con la información enviada por el Poder Judicial mediante Oficio 8784- 2015-CE-PJ de 3 de setiembre de 2015, a la fecha de interposición de la presente demanda (25 de octubre de 2011), aún no había entrado en vigencia la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial de Lima, por lo que, en el referido distrito judicial no se contaba con una vía igualmente satisfactoria, como lo es el proceso laboral abreviado previsto en la Ley 29497, al que se hace mención en el precedente establecido en la Sentencia 02383-2013-PA/TC.
2. El accionante solicita que se declare inaplicable la carta 4986-GAP-GCGP-OGA- ESSALUD-2011, así como su reposición laboral en el cargo que venía desempeñando como médico pediatra. Alega la vulneración de su derecho constitucional al trabajo, y a los principios de inmediatez y non bis in idem.
Por ello, conforme a la línea jurisprudencial de este Tribunal respecto a las demandas de amparo relativas a materia laboral individual privada, corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido fraudulento,
Análisis del caso concreto
3. De los contratos obrantes en autos se advierte que el recurrente tuvo una relación laboral con la entidad emplazada desde el 2 de agosto de 1999 al 30 de abril de 2000, en virtud de un contrato por servicio específico (folios 287 a 291); posteriormente, el 1 de mayo de 2000 suscribe un contrato a plazo indeterminado (folio 292) que concluyó el 30 de setiembre de 2011 debido a que es objeto de despido por haber incurrido en faltas graves.
4. Mediante la carta de preaviso 3764-GAP-GCGP-OGA-ESSALUD-2011, de fecha 11 de julio de 2011 (folio 240) y carta de despido 4986-GAP-GCGP-OGA- ESSALUD-2011, de fecha 27 de setiembre de 2011 (folio 2), se aprecia que el demandante fue despedido del cargo de médico pediatra al haber incurrido en la conducta reincidente de doble percepción remunerativa del Estado. En ese sentido, se señala en los referidos documentos que el demandante laboró paralelamente en Salud y en el Hospital Hipólito Unanue en los meses de enero, agosto y diciembre de 2005; y que previamente laboró de manera paralela en el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú recibiendo doble remuneración del Estado.
Gadea.
[Continúa…]
| FUNDAMENTOS DESTACADOS: 18. Vale decir, se tuvo conocimiento de estas conductas previas, habiendo realizado las investigaciones pertinentes. Se aprecia también que no existió sanción sobre los citados periodos, pues fue la propia entidad la que en varias ocasiones invocó el principio de inmediatez, como obra en las cartas 5740-GCRH-OGA-ESSALUD- 2008 de fecha 24 de octubre de 2008 (folios 4 y 5) y 1820-GCRH-OGA- ESSALUD-2016 de fecha 30 de abril de 2010 (folios 6 y 7). 19. En el Informe de Acción de Control 003-2011-2-0251, se señala que, mediante el oficio 2193-2010-DG/OPER. 843-HNHU de fecha 16 de junio de 2010, expedido por el director general del Hospital Nacional Hipólito Unanue, “(…) se adjunta copia fedateada de Recibos por Honorarios correspondientes a diversos meses de los ejercicios comprendidos entre el 2001 al 2005” (folio 163) y que a partir de estos se evidencia que laboró en los meses de enero, agosto y diciembre del año 2005, hechos que previamente no habían sido analizados por la Hoja Informativa 006-GCC-OCI-ESSALUD-2009. 20. Asimismo, de las cartas de preaviso y de despido, se advierte que las conductas imputadas son por los periodos de enero, agosto y diciembre 2005, por lo que no se vulneró el principio de non bis in Ídem. 21. A partir del material probatorio vertido por ambas partes, es posible determinar que en efecto, el demandante sí incurrió en las conductas que EsSalud le imputa, por lo que sí es procedente la sanción. En este sentido, el despido se condice con la gravedad de las faltas que cometió el demandante, por cuanto se verifica que incumplió con su jornada laboral, lo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, del mismo modo, volvió a incurrir en doble percepción por parte del Estado cuando ya tenía conocimiento de que dicha conducta no era correcta, con lo cual se evidencia que el demandante no actuó diligentemente. |
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración de los derechos alegados.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BLUME FORTINI
MIRANDA CANALES
RAMOS NUÑEZ
LEDESMA NARVAEZ
ESPINOSA-SALDANA BARRERA
