|Cortes Superiores| Mediante Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal de la Corte Superior de Justicia del Trujillo, de fechas 11DIC2004, se abordó el tema de «Prueba ilícita: Reglas de valoración y sus excepciones». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐
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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO JURISDICCIONAL SUPERIOR NACIONAL PENAL
«PROBLEMÁTICA EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA PENAL, PROCESAL Y PENITENCIARIA»
En la ciudad de Trujillo el día 11 de diciembre del año 2004 los Vocales Superiores integrantes de las Salas Penales de la República convocados al efecto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial cuya relación se detalla en el Anexo Nº1 (Lista de Asistentes), se reunieron en Sesión de Sala Plena Jurisdiccional Nacional Penal con el objeto de debatir los Temas que forman parte del Anexo Nº 2 (Temas de trabajo), los cuales fueron examinados por los vocales que figuran en los grupos del Anexo N° 3 (Grupos de Trabajo), quienes fundamentaron las propuestas del Anexo N° 4 (Dictámenes). La sesión se lleva adelante en el Auditorio del Gran Hotel El Golf Truxillo de esta ciudad, bajo la presidencia de la Vocal Superior Elvia Barios Alvarado, Presidenta de la Comisión de Magistrados encargada de los Trabajos Preparatorios.
La Sra. Presidenta después de constatar la asistencia de la totalidad de los Magistrados Convocados al Pleno Jurisdiccional, declaró instalada la Sesión de Sala Plena Jurisdiccional Penal Nacional. A continuación dio la bienvenida a los concurrentes y propuso a la Asamblea de Magistrados lo siguiente: 1) Someter a discusión los temas escogidos empezando por el primero hasta terminar con la votación correspondiente, para luego proseguir con el segundo y así sucesivamente, de acuerdo a lo programado. 2) Encargar la redacción del Acta de la Sesión al Director del Centro de Investigaciones Judiciales 3) Encomendar a los magistrados miembros de la Comisión que hizo los Trabajos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional, la aprobación y suscripción del Acta. Las propuestas indicadas fueron aprobadas por unanimidad.
Continuando con la sesión, la Sra. Presidenta abrió el debate en el orden indicado. El debate de los temas se desarrolló tras breve exposición a cargo de los relatores de los Grupos de Trabajo a quienes se encomendó su examen, seguido de la lectura de los textos del Anexo N° 5 (Aportes y Objeciones).
En las discusiones hicieron uso de la palabra los magistrados que figuran en la relación adjunta en el Anexo N° 6 (Oradores), cuyo detalle de sus intervenciones se puede apreciar en el Anexo N° 7 (Material audiovisual – 6 CD).
Luego de los debates realizados en la forma indicada, se llegaron a los siguientes:
ACUERDOS PLENARIOS
TEMA 1: PLAZO RAZONABLE DE DETENCIÓN PREVENTIVA
ASUNTO:
Se somete a consideración del Pleno, algunos problemas jurisprudenciales derivados de la aplicación del artículo 137° del C.P.P. y generados también por las modificaciones introducidas a este dispositivo legal así como por las diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional.
Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES:
I. El plazo razonable de juzgamiento constituye derecho fundamental de toda persona, conforme lo exigen los artículos 18º y 24º de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, cuyo antecedente lo encontramos en el Tratado de Roma de 1950. En tal mérito, el sistema de justicia del Estado de Derecho debe concluir con el procesamiento penal de una persona (premunida aún de la presunción de inocencia) en un término prudencial y aceptable a fin de evitar la incertidumbre no sólo del individuo sometido a juzgamiento, sino también de aquel que se considera víctima y tiene una expectativa de resarcimiento por el evento causado.
II. Dentro de este contexto, la medida cautelar de detención preventiva (que por su naturaleza debe ser adoptada sólo cuando es estrictamente necesaria y esencialmente en función del peligro procesal), viene originando uno de los mayores debates, en nuestro sistema judicial penal, en la pretensión de querer establecer un plazo razonable de detención preventiva.
III. Las diversas interpretaciones de los operadores judiciales respecto a lo que constituye «plazo razonable» de juzgamiento genera desconfianza respecto de la eficacia del sistema judicial, y desconcierto en los destinatarios del servicio, así como podrían afectar los esfuerzos por lograr la seguridad ciudadana, resultando indispensable establecer lo que constituye «plazo razonable».
IV. Resulta evidente que por la trascendencia, el problema se circunscribe a establecer el término máximo de prisión preventiva que un individuo debe padecer, en tanto, como medida cautelar se afecta el derecho a la libertad.
[Continúa…]
| CONCLUSIÓN PLENARIA DESTACADA: Octavo.- Por unanimidad: Establecer que existen diferencias entre prueba ilícita y prueba irregular. Para comprender a plenitud las diferentes teorías sobre la ilicitud de la prueba, es necesario distinguir entre obtención de la prueba (fuente) e incorporación de la prueba (medio de prueba). La primera se da cuando en la obtención de la fuente de prueba se transgrede un derecho fundamental del imputado. La segunda, se produce cuando se viola una norma de carácter procesal al momento de la incorporación de una prueba al proceso. Para el caso de la obtención de pruebas con violación de derechos fundamentales; la doctrina y la jurisprudencia la han denominado indistintamente como prueba ilícita, prueba prohibida, prueba ilegítimamente obtenida, ilegalmente obtenida. Y para el caso de las pruebas irregularmente incorporadas, también se le ha llamado ilícita, incompleta o defectuosa, pero entendida como prueba ineficaz, si no es subsanada. |
Quinto. Por unanimidad: En el caso de revocatoria de algún beneficio penitenciario, ya sea semilibertad o liberación condicional por la comisión de un nuevo delito doloso, el condenado debe cumplir la pena que estuviere pendiente y sucesivamente la nueva pena por el ultimo delito, de acuerdo a lo previsto en el artículo 193° del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
Sexto. Por unanimidad: En el mismo caso del acuerdo anterior, al no haberse revocado el Beneficio penitenciario mediante resolución expresa, no cabe aducir la revocatoria automática para los efectos del pronunciamiento de un nuevo pedido de beneficio, sino necesariamente, debe ser expresa porque se afecta un derecho fundamental como es la libertad y además se debe considerar que por la condena que se le revocó ya no procede beneficio penitenciario.
Siendo las seis de la tarde del día once de diciembre de dos mil cuatro, se concluyó la Sesión del Pleno Jurisdiccional Penal Superior Nacional «Problemática en la Aplicación de la Norma Penal, Procesal y Penitenciaria», en fe de lo cual suscriben el presente Acta los miembros la Comisión encargada de los trabajos preparatorios del Pleno.
El evento fue clausurado por el Presidente del Poder Judicial, Doctor Hugo Sivina Hurtado.




