Malversación de fondos: El trabajador administrativo que no tiene facultad de disponer de los recursos públicos no puede ser considerado autor del delito [RN 2086-2015- El Santa]

[Corte Suprema] Mediante el Recurso de Nulidad N° 2086-2015, El Santa, de fecha 09FEB2017, la Corte Suprema de Justicia de la República ha desarrollado «Malversación de fondos: El trabajador administrativo que no tiene facultad de disponer de los recursos públicos no puede ser considerado autor del delito». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO DE NULIDAD N.° 2086-2015-El SANTA

Lima, nueve de febrero de dos mil diecisiete.-

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VISTOS: El recurso de nulidad interpuesto por el procesado ERNESTO RAMIRO ALVA LEÓN, contra la sentencia de Folios/seiscientos dieciséis, del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que lo condenó como autor del delito contra la administración pública-malversación de fondos, en perjuicio de la Sub-Región Pacífico-Gobierno Regional de Ancash, a tres años de pena privativa de la libertad (suspendida en su ejecución por el periodo de dos años) e inhabilitación por el término de un añо, conforme con el artículo cuatrocientos veintiséis, del Código Penal; y fijó en cuatro mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor del agraviado, sin perjuicio de devolver lo sustraído.

De conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo VENTURA CUEVA.

CONSIDERANDO

§IMPUTACIÓN FISCAL.-

PRIMERO. Los hechos incriminados fueron definidos, tanto en la acusación escrita de folios cuatrocientos treinta y dos, como en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal [folios dieciséis, en el cuadernillo supremo]. Se tiene que durante la ejecución de la obra Mejoramiento y Reconstrucción de los Servicios Educativos de la I.E. 88021-Alfonso Ugarte de Nuevo Chimbote, al realizarse se advirtió la liquidación, dónde se canceló la planilla de jornales N°482 de la obra Mejoramiento y Reconstrucción de la I.E. 88012 del AA.HH. Miraflores III zona (periodo dieciséis al treinta de dos mil siete) y los comprobantes de pago N° 1768,1842,1843,1844 y1956, por conceptos de viáticos y pasajes, sin el conocimiento del ingeniero residente y del supervisor de obra Jorge Chávez Cóndor y José Antonio Hurtado Peláez, respectivamente; existió duplicidad de pago de la planilla N°500 con el Sistema Integrado de Administración Financiera -en adelante SIAF- 3267 con el SIAF 3266, irregularidad que generó que la obra no fuese liquidada, pues el dinero fue destinado a un programa de desarrollo educativo; es así que se le imputa al procesado Ernesto Ramiro Alva León -encargado de la oficina de contabilidad de la Sub Región Pacífico de la región Ancash- haber otorgado la conformidad para el pago de las planillas que no correspondían a la ejecución de la obra del presupuesto asignado, es así que decidió dar al dinero una aplicación diferente al que estaba destinado, pese a que el ingeniero residente Chávez Cóndor, efectuó observaciones y solicitó

§ FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR.-

SEGUNDO. La Sala Superior, declaró probada la tesis acusatoria postulada por el Ministerio Público; y, en consecuencia emitió sentencia condenatoria contra el recurrente, por el delito de malversación de fondos, pues quedó acreditado con el acervo probatorio que obra en autos, que el acusado fue operador del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), sistema diseñado como herramienta financiera del sector público relacionada con las unidades ejecutoras, por lo que el posible error alegado por el encausado sería falso más aún si ello no lo subsanó.

§EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.-

TERCERO. El encausado, en su recurso de nulidad de folios seiscientos cuarenta y tres, alega inocencia. Al respecto sostuvo que: i) No se determinó que en su condición de servidor público haya originado la comisión del delito instruido. ii) No tuvo la capacidad de administrar el dinero o bienes del Estado, por lo que no pudo haberle dado una aplicación definitiva diferente. iii) No se tomó en cuenta que durante el año dos mil siete su vínculo laboral fue de naturaleza civil, por lo que no tuvo la condición de funcionario o servidor público. iv) No se valoraron debidamente los medios probatorios obrantes en autos, ni que los informes solicitados por el residente de obra Jorge Chávez Cóndor y José Antonio Hurtado Peláez, fueron remitidos a los gerentes de la institución y no a su persona.

§ FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL.-

CUARTO. Los agravios puntualizados por el sentenciado Ernesto Ramiro Alva León, se engloban principalmente en dos extremos definidos. De un lado, sostiene que no tenía la condición de funcionario o servidor público, pues su contrato era por locación de servicios. Por otra parte, aseveró que no tuvo la capacidad de administrar fondos del Estado.

[Continúa…]

FUNDAMENTO DESTACADO:

SÉPTIMO. Luego de analizado el delito, se tiene que el procesado fue servidor público; sin embargo, no tuvo la capacidad de disposición, que el fipo penal lo exige, pues su función era de apoyo al Sistema Integrado de Administración Financiera. Conviene precisar que el SIAF, es un/sistema informático que permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las entidades del Estado; sin embargo, esta función administrativa no puede ser confundida con el deber de «garante» otorgado a un funcionario responsable o jefe de área.

OCTAVO. Es de subrayar que toda asignación económica se realiza a través de una directiva u otro documento del mismo valor legal, y dirigido a una entidad, que a su vez da en administración al departamento encargado de realizar en este caso la obra. El funcionario es el encargado de administrar esos fondos, coligiéndose con ello que el encausado no tuvo dominio sobre el dinero del Estado, ni la administración de este. Debido a que su cargo no se lo permitía, tal es así que el ingeniero residente Jorge Chávez Cóndor, afirmó haber solicitado mediante el Informe N.° 0007-2008-Región Ancash al Subgerente de administración documentación sustentatoria del monto inadecuadamente usado (ver folios diecinueve y noventa y uno). En ese sentido, es menester mencionar que la imputación objetiva responde fundamentalmente a tres cuestiones: a) Quien está institucionalmente obligado, b) Cómo se infringe el deber institucional; y, c) Los límites de la competencia institucional¹, basándonos en ello, este Supremo Tribunal es de la opinión que corresponde revocar la sentencia venida en grado y absolver de la acusación fiscal al recurrente.

 

DECISIÓN

Por tales fundamentos y en atención a las consideraciones precedentes:

I. Declararon: HABER NULIDAD en la sentencia de folios seiscientos dieciséis, del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que condenó a ERNESTO RAMIRO ALVA LEÓN Como autor del delito contra la administración pública-malversación de fondos, en perjuicio de la Sub-Región Pacífico-Gobierno Regional de Ancash, a tres años de pena privativa de la libertad (suspendida en su ejecución por el periodo de dos años) e inhabilitación por el término de un año, conforme con el artículo cuatrocientos veintiséis, del Código Penal; y fijó en cuatro mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor del agraviado; reformándola: lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal formulada en su contra por el presente delito.

II. SE PROCEDA con la anulación de los antecedentes policiales y judiciales del aludido encausado, generados como consecuencia de la tramitación de la presente causa y, posteriormente, se archive definitivamente el proceso. Y los devolvieron.

S. S.
VENTURA CUEVA
PACHECO HUANCAS 
CEVALLOS VEGAS
CHAVEZ MELLA

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