Retardo injustificado de pago: El plazo de prescripción se cuenta desde el último requerimiento de pago y no se duplica por tratarse de un delito que no afecta el patrimonio del Estado [Casación 2916-2022-Cusco]

[Corte Suprema] Mediante el Recurso de N° 2916-2022, Cusco, de fecha 22NOV2023, la Corte Suprema de Justicia de la República ha desarrollado «Retardo injustificado de pago: El plazo de prescripción se cuenta desde el último requerimiento de pago y no se duplica por tratarse de un delito que no afecta el patrimonio del Estado». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO CASACIÓN N.° 2916-2022-CUSCO

Título. Delito de retardo injustificado de pago. Prescripción.

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Sumilla. 1. El delito de retardo injustificado de pago (ex artículo 390 del Código Penal), en cuanto tutela la legalidad en la actuación de los funcionarios y servidores públicos, concretamente la viabilidad del destino de parte del patrimonio estatal, su correcto desenvolvimiento, y como delito omisivo, importa no realizar el pago ya ordenado a pesar de que existan fondos públicos (dinero) disponibles –demora injustificada–. No se paga oportunamente. 2. El imputado OLIVARES GÁRATE, como alcalde era la máxima autoridad de la Municipalidad Distrital de Livitaca. La Alcaldía, como órgano de gobierno, había reconocido la deuda a favor del denunciante Bustamante Andía. En la Resolución de Alcaldía se había ordenado el pago, que debía concretarse según cronograma. El afectado Bustamante Andía requirió el pago al propio encausado Olivares Gárate en tres oportunidades y, pese a ello, no dispuso la ejecución de una Resolución de Alcaldía firme, sino que dilató el pedido de pago con opiniones o informes improcedentes no obstante que correspondía su inmediata ejecución. Sus competencias en relación al pago eran precisas, estaba autorizado para disponer el pago. 3. Como delito de omisión simple y de mera actividad se consuma al producirse la demora injustificada, con el no pago en el momento debido. En el presente caso, en función al comportamiento del encausado OLIVARESGÁRATE, el dies a quo se ha de contar a partir del último requerimiento formulado por el denunciante Bustamante Andía a través de la carta de veintiuno de octubre de dos mil quince. Este delito está conminado con una pena no mayor de dos años de privación de libertad y si se cuenta la interrupción del plazo por los actos iniciales de investigación se tiene en tres años el plazo extraordinario de la prescripción. que no se aplica el último párrafo del artículo 80 del Código Penal porque este delito no afecta el patrimonio del Estado, solo la legalidad en la actuación del funcionario o servidor público. El Acuerdo Plenario 1-2010/CJ-116, de dieciséis de noviembre de dos mil diez, FJ 14°, estipuló que la duplicación del plazo solo procede cuando se vulnera el patrimonio público –no todos los delitos del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro Segundo del Código Penal importan la duplicación del plazo–. 4. Ahora bien, es de partir, como dies a quo, del día veintiuno de octubre de dos mil quince. El plazo extraordinario es de tres años. A ello se debe agregar el plazo de tres años adicionales conforme al artículo 339 del CPP, conforme al Acuerdo Plenario 3-2012/CJ-116, de veintiséis de marzo de dos mil doce. Si se toman en cuenta estas reglas jurídicas, los tres años adicionales (dies a quem), el delito prescribió, a lo más, en octubre de dos mil veintiuno, antes que se dicte la sentencia de vista recurrida. 5. Estos datos, fácticos y jurídicos, importan la irrelevancia de la modificación legal operada por la Ley 31751, de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, cuyo análisis está siendo contemplada en el XII Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República y pronto, el veintiocho de noviembre último se emitirá el Acuerdo Plenario correspondiente. 6. La autonomía conceptual y jurídica de la reparación civil, conforme al artículo 12.3 del CPP, exige un pronunciamiento específico al respecto, desde que incluso, en el presente caso, no se cuestionó el objeto civil. No cabe duda, según la declaración de hechos probados, que el comportamiento del imputado generó un daño al denunciante al retardar un pago debido. La antijuricidad de su conducta es patente y la causalidad adecuada entre lo que no hizo y la afectación a la víctima, que tenía un derecho patrimonial reconocido, es obvia, así como el dolo.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación, por las causales de inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material, interpuesto por el encausado OLGER OLIVARES GÁRATE contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y cuatro, de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en cuanto confirmando la sentencia de primera instancia de fojas sesenta, de catorce de junio de dos mil veintidós, lo condenó como autor el delito de retardo injustificado de pago en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Livitaca, provincia de Chumbivilcas a siete meses de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de un año, y siete meses de inhabilitación, así como al pago de tres mil quinientos soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que las sentencias de instancia declararon probado que el encausado OLGER OLIVARES GÁRATE en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Livitaca para el período dos mil quince a dos mil dieciocho, conforme se advierte de la Resolución 3800-2014-JNE, de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, hasta el término de su mandato demoró injustificadamente el pago decretado a favor del señor Darwin Guillermo Bustamante Andía, al no dar la orden de pago a su favor, a pesar de encontrarse reconocida la deuda mediante Resolución de Alcaldía 167- 2014-MDL, de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, ascendente a siete mil seiscientos sesenta y cinco soles, por los servicios que prestó a favor de la referida Municipalidad. Es del caso que ese monto se encontraba comprometido y devengado en el Registro SIAF 2662 y contaba con los informes emitidos por el Área de Presupuesto y Asesoría Legal (Informes 16-2015, de once de febrero de dos mil quince, y 10-2015, de veinticuatro de marzo de dos mil quince), que precisaban que en caso de pago se financiaría con la Fuente de Financiamiento – Recursos Determinados y en base a un cronograma de pagos. Esta ausencia de pago se produjo no obstante los requerimientos efectuados por el denunciante Bustamante Andía a través de las cartas de veintiocho de enero de dos mil quince, de nueve de junio de dos mil quince y de veintiuno de octubre de dos mil quince, y a pesar de haber existido la conformidad para el cumplimiento del pago efectuada por la jefa de la Unidad Formuladora de la Municipalidad de Livitaca, ingeniera Liz Katty Diaz Morales, conforme al Informe 002-2013, de siete de junio de dos mil trece. Por tanto, el imputado OLGER OLIVARES GÁRATE sin justificación alguna no dispuso el pago, a pesar que los fondos se encontraban expeditos para su cancelación.

SEGUNDO. Que el procedimiento se ha desarrollado conforme a continuación se detalla:

1. La disposición de formalización de la investigación preparatoria se expidió el cuatro de enero de dos mil dieciocho. Culminada la investigación preparatoria se emitió la acusación de fojas una, de catorce de mayo de dos mil diecinueve, por la que el fiscal acusó a OLGER OLIVARES GÁRATE como autor del delito de retardo injustificado de pago, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Livitaca. Solicitó se le imponga siete meses de pena privativa de la libertad y siete meses de inhabilitación. El Procurador Público del Estado pidió la suma de tres mil quinientos soles por concepto de reparación civil.

2. Llevado a cabo la audiencia de control de acusación, como consta del acta de fojas dieciocho, de quince de julio de dos mil diecinueve, con fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte [vid.: acta de fojas veinte], se dictó el auto de enjuiciamiento de fojas veinticinco.

[Continúa…]

FUNDAMENTO DESTACADO:

CUARTO. Que, posteriormente, el encausado OLIVARES GÁRATE dedujo excepción de prescripción al amparo de la Ley 31751, mediante escrito de fojas ciento setenta y uno del cuaderno de casación, de trece de julio de dos mil veintitrés. Alegó que el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria el nueve de enero de dos mil dieciocho; que conforme al artículo 339, apartado 1, del CPP, la causa prescribió el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro; que, sin embargo, con la publicación de la Ley 31751, el delito se habría cometido hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, sumando cuatro años, por lo que la causa prescribió en diciembre de dos mil veintidós.

 

[Continúa…]

DECISIÓN

Por estas razones: I. Declararon FUNDADO en parte el recurso de casación, por las causales de inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material, interpuesto por el encausado OLGER OLIVARES GÁRATE contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y cuatro de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en cuanto confirmando la sentencia de primera instancia de fojas sesenta, de catorce de junio de dos mil veintidós, lo condenó por delito de retardo injustificado de pago en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Livitaca – Chumbivilcas a siete meses de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de un año, y siete meses de inhabilitación, así como al pago de tres mil quinientos soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. En consecuencia, CASARON la sentencia de vista. II. Y, actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia condenatoria de primera instancia; reformándola: declararon extinguida por prescripción la acción penal incoada a OLGER OLIVARES GÁRATE por delito de retardo injustificado de pago en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Livitaca – Chumbivilcas; y, PRECISARON que permanece subsistente la reparación civil impuesta de tres mil quinientos soles. III. ORDENARON se archive la causa definitivamente, se anulen sus antecedentes policiales y judiciales, se levanten las medidas de coerción dictadas en su contra; cursándose los oficios y las comunicaciones correspondientes. IV. DISPUSIERON se lea esta sentencia en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial; registrándose. INTERVINO el señor Peña Farfán por vacaciones de la señora Altabás Kajatt. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

Ss.
SAN MARTÍN CASTRO
LUJÁN TUPEZ
SEQUEIROS VARGAS
CARBAJAL CHÁVEZ
PEÑA FARFÁN

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