[Corte Suprema] Mediante el Recurso de Nulidad N° 231-2011, Tacna, de fecha 25ABR2012, la Corte Suprema de Justicia de la República ha desarrollado «El delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales requiere que la conducta del funcionario público cause perjuicio a un tercero». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 231-2011- TACNA
Lima, veinticinco de abril de dos mil docе.-
VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial de Tacna, contra la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez de fojas mil cuatrocientos setenta y cinco, que absolvió de la acusación fiscal a: i) Francisco Roberto Zúñiga Iriarte, Juan Francisco Retamozo Villafuerte, Jesús Arnold Berrios Chalco, Fermín Javier Tejada y Alfredo Andrés Casanova Vélez por el delito contra Administración Pública – peculado doloso en agravio del Estado Gobierno Regional de Taспа; !i) Julio Antonio Alva Centurión por delito de abuso de autoridad en su modalidad de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales en agravio del Estado; iii) Francisco Roberto Zúñiga Iriarte, Juan Francisco Retamozo Villafuerte, Jesús Arnoid Berrios Chalco. Fermín Javier Tejada, Alfredo Andrés Casanova Vélez y Julio Antonio Aivc Centurión (autores) y Alberto Enrique Del Castillo Paredes (cómplice primario) por el delito contra la Administración Pública colusión en agravio del Estado- Gobierno Regional de Tacna; interviene como ponente el señor Juez Supremo Morales Parraguez; de conformidad en parte con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y.
CONSIDERANDO
Primero: El señor Procurador Público, fundamenta su recurso de nulidad a fojas mi! quinientos quince, sosteniendo lo siguiente: i) ha quedado demostrado que la situación de emergencia para la rehabilitación y reforzamiento estructural y reparación de las instalaciones del Hospital Hipólito Unanue no genera ninguna situación de urgencia de acuerdo a su definición establecida en las normas legales, es más los daños causados por el sismo de junio de dos mil dos, ya habían generado el desalojo y traslado de pacientes a otras secciones adecuadas provisionalmente, es decir, tuvo la condición de urgencia en esa fecha y no posteriormente; ii) quedó acreditado que el Consejo Transitorio de Administración Regional de Tacna – CTAR TACNA, sin respetar los plazos establecidos para la suscripción del Contrato de Obra número treinta y seis – dos mil dos – CTAR- TACNA convocó al segundo postor, el encausado Alberto Enrique Del Castillo Paredes, bajo la modalidad de precio unitario a setiembre de dos mil dos, otorgándole un adelanto de ciento treinta y seis mil setecientos veintiséis nuevos soles con cincuenta y cinco céntimos a pesar que el postor ganador de la buena pro (Consorcio Ejecutores y Consultores) comunicó que había impugnado su exclusión del consorcio, vía recurso de revisión ante CONSUCODE; iii) que las Resoluciones número ciento veinte- dos mil tres -CTAR TACNA; número ciento veintiuno – dos mil tres – CTAR TACNA y número ciento treinta y dos – dos mil tres – CTAR TACNA, expedidas por el encausado Julio Antonio Alva Centurión denotan el incumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, toda vez que en lugar de dejar sin efecto todo lo actuado e iniciar un nuevo proceso de designación de contratista, indebidamente reinició los trámites validando todo lo actuado en dicho proceso de selección; iv) que la modificación irregular de la modalidad estructural de parte del Comité Especial variando las bases elaboradas para el Proceso de adjudicación de menor cuantía número cero ochenta y nueve – dos mil dos CTAR TACNA, que inicialmente oferta a precio unitario, lo invirtió a mano àlzada; v) concluye que del proceso de construcción se advierte que los metrados finales de la obra ejecutada por el contratista presentados por la supervisión, respecto a las obras de reforzamiento y reparación del pabellón B, que es parte integrante del monto total contratado, se encuentra por debajo de los considerandos en el presupuesto de obra, por lo que valorizados los metrados que no se ejecutaron bajo la modalidad del precio unitario no se habrían pagado conforme aparece en el Informe Técnico número cero uno – dos mil tres-CG – ORAR-CTAR- TACNA, sin embargo, fueron cancelados bajo la modalidad de suma alzada hasta por la suma de quinientos veintiocho mil ochocientos treinta y cuatro nuevos soles con ochenta y tres céntimos, lo que ha generado un perjuicio económico ascendente a ciento veinticinco mil once nuevos soles con catorce céntimos; por la cual solícita que al no encontrarse la sentencia arreglada a ley, se declare la nulidad de la misma.
Segundo: Que, según la acusación fiscal de fojas mil ciento cuarenta y seis, se tiene como antecedentes que a través de la resolución Ejecutiva Regional número trescientos noventa y siete – dos mil dos – CTAR -TACNA, expedida el veintisiete de diciembre de dos mil dos, para la rehabilitación, reforzamiento estructural y reparación de las instalaciones del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, se facultó al Consejo Transitorio de Administración Regional de Tacna, la contratación a través de una «Adjudicación directa de menor cuantía» (cuantía número cero ochenta y nueve – dos mil dos / CTAR-TACNA) por un valor referencial de un millón novecientos ochenta mil nuevos soles, con el propósito de que con fecha diecisiete de setiembre de dos mil dos, se convocara dicho proceso otorgándose la buena pro el doce de diciembre de dos mil dos, a favor de la empresa «Consorcio Ejecutores y Consultores»; sin embargo, al no haberse presentado para la suscripción del contrato se notificó al segundo postor el encausado Alberto Enrique Del Castillo Paredes con quien finalmente el representante del Gobierno Regional de Tacna suscribió el Contrato de Obra número treinta y seis – dos mil dos CTAR – TACNA de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dos; siendo así, la empresa excluida, realizó su reclamo recurriendo a las instancias administrativas respectivas, por lo que con fecha veintisiete de febrero de dos mil tres, el Tribunal de Contrataciones y Adjudicación del Estado a través de la Resolución número doscientos veinte /TC.S (CONSUCODE) declaró Nulo el proceso de adjudicación de menor cuantía número cero ochenta y nueve – dos mil dos/CTAR-TACNA, disponiendo que la entidad adopte, bajo su responsabilidad, las medidas a la que se refiere el artículo ciento cinco de Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Que estando a los antecedentes indicados, se imputa a los procesados Francisco Roberto Zúñiga Iriarte (Gerente General Regional), Juan Francisco Retamozo Villafuerte (Gerente Regional de Asesoría Legal Jurídica) el delito de peculado, por cuanto no obstante de haber visado la Resolución Ejecutiva Regional número ciento treinta y dos – A – dos mil tres – G.R.TACNA señalando que las bases del proceso deben adecuarse estricta y únicamente para consignar el nombre, nueva fecha y plazo, suscribieron el contrato de Ejecución de Obra número cero cero uno, variando el sistema de contratación de la obra de precio unitario a suma alzada, sin que haya justificación y menos aprobación e incluyendo presiones ajenas a la verdad, generando que la Entidad se vea afectada con ciento veinticinco mil once nuevos soles con catorce céntimos, corroborada con el informe técnico que tiene carácter de prueba pre-constituida que obra a fojas ciento seis; asimismo, se incrimina a los encausados Jesús Arnold Berrios Chalco, Fermín Javier Tejada y Alfredo Andrés Casanova Velez, en su calidad de miembros del Comité Especial el haber modificado sin ninguna justificación el sistema de contratación, contrariamente a lo dispuesto por la resolución Ejecutiva Regional número ciento treinta y dos -A-dos mil tres – G.R.TACNA, generando así que la agraviada sea afectada por la suma en mención. Por otro lado, se imputa a los procesados Francisco Roberto Zúñiga Iriarte (Gerente General Regional), Juan Francisco Retamozo Villafuerte (Gerente Regional de Asesoría Legal Jurídica), Jesús Arnold Berrios Chalco (Presidente del Comité Especial), Fermín Javier Tejada, Alfredo Andrés Casanova Velez (miembros del Comité) y Julio Antonio Alva Centurión (Presidente Regional de Таспа) como autores del delito de colusión desleal, el haberse coludido con el procesado Alberto Enrique Del Castillo Paredes (contratista) como cómplice primario para favorecerlo en la Adquisición de menor cuantía número cero ochenta y nueve – dos mil dos /CIAR-TACNA, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, puesto que a pesar que ese postor obtuvo el segundo lugar en el proceso de selección y aún no había vencido el plazo otorgado al ganador de la buena pro (Consorcio Ejecutores y Consultores) para la suscripción del contrato de Ejecución de Obra número treinta y seis – dos mil dos -CTAR -TACNA, indebidamente celebraron el contrato con el segundo postor, el treinta y uno de diciembre de dos mil dos, por el monto de ochocientos mil novecientos noventa nuevos soles con cuarenta y cinco céntimos, con precios a setiembre de dos mil dos y un plazo de ejecución de ochenta y cinco días calendarios entregándole a dicho contratista un adelanto de ciento treinta y seis mil ciento setenta y seis nuevos soles con cincuenta y cinco céntimos. Por último, se imputa al encausado Julio Antonio Alva Centurión, el delito abuso de autoridad en su modalidad de incumplimiento de funciones, por cuanto en su condición de Presidente Regional de la Región Tacna, incumplió con lo dispuesto por el Tribunal de CONSUCODE, consignado en la Resolución número doscientos veinte – dos mil tres – TC.S de fecha veintisiete de febrero de dos mil tres, que declaró nulo el proceso de adjudicación y que la entidad adopte las medidas conforme al artículo ciento cinco del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; emitiendo dicho procesado un pronunciamiento contrario a dicha resolución del Tribunal de CONSUCODE.
Tercero: Toda sentencia constituye una decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o de ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente, es así que debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al Juzgador la creación de Ja verdad jurídica y establecer los niveles de imputación, contenido que no debe de vulnerar los principios del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales; por ello, de conformidad con lo establecido por el artículo doscientos ochenta del Código de Procedimientos Penales, la sentencia que ponga término al juicio debe apreciar todos los medios probatorios recaudados en autos, lo que en buena cuenta debe ser el resultado de la evaluación, lógica -jurídica de las diligencias actuadas y la valoración adecuada de los medios probatorios incorporados válidamente al proceso.
| FUNDAMENTO DESTACADO: Cuarto: En el presente caso, se imputa a los encausados, el delito de peculado -regulado en el artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal-, que establece que el sujeto activo debe apropiarse o utilizar, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo; siguiendo la doctrina jurisprudencial de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, establecida en el Acuerdo Plenario número cuatro dos mil cinco/CJ – ciento dieciséis, de fecha treinta de setiembre de dos mil cinco, se afirma que, para la configuración típica del delito de peculado, es necesario identificar los siguientes elementos materiales: a) existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos; b) la percepción, administración o custodia; c) la apropiación o utilización; d) el destinatario: para sí o para otro; e) caudales y efectos; así como, el delito de colusión, regulado en el artículo trescientos ochenta y cuatro de Código Penal, que sostiene: El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años; y. por último el delito de abuso de autoridad en su modalidad de omisión y rehusamiento o demora en los actos funcionales regulado en el artículo trescientos setenta y siete del Código Penal, que establece: «el funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto a su cargo….», es de agregar que este último ilícito se configura cuando el funcionario público incurre en actos comprendidos dentro de los verbos rectores mencionados, pero que son propios de su actividad funcional, debiendo su conducta causar alguien. |
[Continúa…]
DECISIÓN
Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez de fojas mil cuatrocientos setenta y cinco, que absolvió de la acusación fiscal а: Francisco Roberto Zúñiga Iriarte, Juan Francisco Retamozo Villafuerte, Vesús Arnold Berrios Chalco, Fermín Javier Tejada y Alfredo Andrés Casanova Vélez (y no como erróneamente se consignó en ia recurrida) por el delito contra la Administración Pública – pеculado doloso en agravio del Estado- Gobierno Regional de Tаcna; ii) Julio Antonio Alva Centurión por el delito de abuso de autoridad en su modalidad de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales en agravio del Estado; у iii) Francisco Roberto Zúñiga Iriarte, Juan Francisco Retamozo Villafuerte, Jesús Arnold Berrios Chalco, Fermín Javier Tejada, Alfredo Andrés Casanova Vélez y Julio Antonio Alva Centurión (autores) y a Alberto Enrique Del Castillo Paredes (cómplice primario) por el delito contra la Administración Pública – colusión en agravio del Estado Gobierno Regional de Tacna, con lo demás que al respecto contiene y los devolvieron. Intervienen los señores Jueces Supremos Morales Parraguez y Villa Bonilla por vacaciones y licencia de los señores Jueces Supremos Salas Arenas y Neyra Flores, respectivamente.-
S.S
WHLA STEN
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA




