La condición de funcionario público no impide ser considerado particular en el delito de patrocinio ilegal si no existe vínculo funcional con la entidad donde se busca el beneficio [Casación 226-2012-Lima]

[Corte Suprema] Mediante Sentencia recaída en el Recurso de Casación 226-2012-Lima del 26SET2013, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, se pronunció «La condición de funcionario público no impide ser considerado particular en el delito de patrocinio ilegal si no existe vínculo funcional con la entidad donde se busca el beneficio». ⇒DESCARGUE AQUÍ⇐


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO CASACIÓN N.° 226-2012-LIMA

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veintiséis de setiembre de dos mil trece.-

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VISTOS; el recurso de casación interpuesto por el sentenciado José Enrique Verdeguer Herrera contra la sentencia de vista de fojas ciento seis, del treinta de mayo de dos mil doce, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas cuarenta y tres, que lo condenó como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de patrocinio ilegal, en agravio del Estado.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EL RECURRENTE.

PRIMERO.- La imputación fiscal se circunscribe a que el encausado Jorge Enrique Verdeguer Herrera, entre marzo y mayo del dos mil diez, en su condición de Secretario General de la Empresa Perupetro S.A., se valió de dicho cargo para patrocinar como abogado de los intereses particulares del ciudadano Daniel Antonio Saba De Andrea en el proceso judicial signado en el expediente número 107-2008, seguido ante el Tercer Juzgado Penal Especial, incurriendo de esa manera en el delito contra la administración pública, en la modalidad de patrocinio ilegal.

SEGUNDO.- Que, el señor Juez del Segundo Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, emitió la sentencia de fojas cuarenta y tres, del catorcé de marzo de dos mil doce, còndenando a José Enrique Verdeguer Herrera como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de patrocinio ilegal -previsto en el artículo trescientos ochenta y cinco del Código Penal-, en agravio del Estado, a un año y seis meses de pena privativa de libertad suspendida bajo el cumplimiento de reglas de conducta, fijó en diez mil nuevos soles el monto de la reparación civil e impuso durante un año y seis meses la limitación de la privación de la función, cargo o comisión que ejerce, así como incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

TERCERO.- Que, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fojas ciento seis, del treinta de mayo de dos mil doce, confirmó la sentencia condenatoria de fojas cuarenta y tres, del catorce de marzo de dos mil doce, emitida por el señor Juez del Segundo Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

CUARTO.- Que, la Sala Penal de Apelaciones por resolución de fojas ciento noventa y nueve, del diecinueve de junio de dos mil doce, concedió el recurso de casación interpuesto por el sentenciado Verdeguer Herrera dontra la referida sentencia de vista, por desarrollo de doctrina jurisprudencial en cuanto a los elementos objetivos «valerse del cargo» y «patrocinio de intereses de particulares», del tipo penal del delito de patrocinio ilegal. Este Supremo Tribunal por resolución de fojas cincuenta y cuatro, del veintiocho de setiembre de dos mil doce -ver cuaderno de casación- declaró bien concedido dicho recurso.

QUINTO.- Deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación, corrèsponde dictar sentencia absolviendo el grado, que se leerá en acto público, conforme lo señalado en los artículos cuatrocientos treinta y uno, apartado cuatro, concordante con el artículo cuatrocientos veinticinco, apartado cuatro, del Código Procesal Penal, el día diecisiete de octubre de dos mil trece.

[Continúa…]

FUNDAMENTO DESTACADO: 

DÉCIMO TERCERO.- El segundo elemento normativo a interpretar es el «pátrocinio de intereses de particulares». La acción de patrocinar implica todo suceso que permita la mejora de una determinada situación jurídica, la cual puede expresarse en el asesoramiento o en la defensa. Dentro de los actos de asesoramiento se encuentran todas aquellas conductas que impliquen un consejo -de cualquier indole- para mejorar la posición de una persona o una situación. Es importante resaltar que el consejo emitido implica una opinión directa y concreta sobre una acción a tomar que redunde en el interés del particular ante la administración pública. La defensa -acto de patrocinio por excelencia- implica que el sujeto activo haga suya la causa y trate de que la postura asumida prevalezca frente a otras posibles posturas, para lo cual abogará por la misma de forma necesariamente directa.

El patrocinio al que se refiere este artículo tiene una inmediata conexión con un interés de un particular ante la administración pública. Por «interés del particular» se hace referencia directa de todo aquello que pueda ser pretendido por una persona que no pertenezca a la administración pública. La condición de particular no depende de si la persona es un funcionario público o es una persona ajena a la administración pública, sino que está en función directa de la relación que ella tiene con el sector de la administración pública en el que se le va a favorecer.

En este sentido, el sujeto activo puede pretender obtener información sobre un proceso de adjudicaciones del Estado (la compra de papel para una dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) para un funcionario público (un ejecutor coactivo de una Municipalidad de provincia) que tiene una empresa proveedora, para lo cual se vale de su cargo para que esta información especial le sea dada por la persona encargada del proceso. En este caso, aparentemente no podría presentarse un patrocinio de intereses de particular, pues se trata de un funcionario público; sin embargo, esta interpretación no es correcta, pues -de acorde a lo antes expresado- el favorecido es -en relación al subsector de la Administración Pública- un particular pues no tiene ningún tipo de injerencia en él. Por lo que pese a ser un funcionario público, de cara a esta operación es considerado un particular, pues carece de relación directa con el sector de la administración pública en donde es favorecido.

 

[Continúa…]

DECISIÓN

Por estos Fundamentos declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el sentenciado José Enrique Verdeguer Herrera contra la sentencia de vista de fojas ciento seis, del treinta de mayo de dos mil doce, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas cuarenta y tres, que lo condenó como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de patrocinio ilegal, en agravio del Estado, a un año y seis meses de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo. CONDENARON al recurrente al pago de las costas por la tramitación del recurso, que serán exigidas por el Juez de la Investigación Preparatoria. MANDARON se de lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se notifique a las partes la presente Ejecutoria. ORDENARON se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen, hágase saber y archívese. Interviene el señor Juez Supremo Morales Parraguez por licencia del señora Juez Supremo Barrios Alvarado.-

S.S.
VILLA STEIN
PARIONA PASTRANA
TELLO GILARDI
NEYRA FLORES
MORALES PARRAGUEZ

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