Imputación necesaria exige precisar los hechos, la participación y la responsabilidad atribuida a cada imputado para garantizar una adecuada defensa [Exp. 02836-2022-PHC/TC]

5. En el caso de autos, se aprecia sin embargo que el Ministerio Público ha realizado una imputación de cargos en forma genérica y no individualizada y sin que se haya identificado de manera específica los hechos que en concreto se atribuyen a los denunciados y el tipo de responsabilidad que les correspondería a cada uno de los involucrados, en otras palabras, las imputaciones realizadas se han realizado en bloque o de manera sustancialmente general, sin especificar o definir el tipo de participación que en particular habría tenido el demandante en los hechos imputados en relación con sus presuntos copartícipes, lo que incluso se acentúa si se toma en cuenta que en ningún momento se precisa por cuál de los diversos cargos o responsabilidades que tuvo el beneficiario al interior de la empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blancas SA (gerente general, accionista, miembro del directorio, director ejecutivo o representante legal) es que se le estaría atribuyendo el delito de defraudación tributaria.

6. De otro lado, tampoco se explica cómo es que los hechos, que según se afirma fueron producidos durante los años 2006 y 2007, pueden terminar generando responsabilidad en quien como el recurrente solo habría ocupado cargos en la citada empresa específicamente hasta el año 2005. Simplemente no se explica semejante incoherencia, y lo único que cabe inferir es que tales conclusiones solo pueden haber sido como consecuencia de una genérica imputación y de una ausencia sobre la delimitación que en cualquier caso debió realizarse sobre cada uno de los imputados. Incriminar, en otras palabras, no es una responsabilidad donde a la voz de todos son culpables y sin ninguna delimitación de por medio, pueda arribarse a la exacta determinación de responsabilidades. Tal forma de proceder, como se expuso, no solo representa una ligereza en el actuar del Ministerio Público, sino, y desde la perspectiva de los derechos, una clara obstrucción en las opciones de una adecuada como imprescindible defensa, pues quien es acusado no termina conociendo a las claras qué es lo que exactamente se le atribuye.

7. El hecho concreto es que las citadas imprecisiones que, en cualquier caso correspondía a las autoridades judiciales que conocieron del proceso penal enmendar o corregir, no solo han pasado por inadvertidas, sino que, finalmente, han sido totalmente convalidadas como se puede desprender tanto de la Sentencia 107-2016, de fecha 20 de octubre de 2016, mediante la cual se condenó al favorecido a seis años de pena privativa de la libertad como autor del delito de defraudación tributaria en agravio del Estado, como de la Sentencia de Vista 40-2017, Resolución 28-2017, de fecha 2 de mayo de 2017, que confirmó la sentencia condenatoria (Expediente 4843-2014-24-0401-JR-PE-01), sin que se aprecie de la motivación utilizada en estas una explicación que respalde tan cuestionable proceder incriminatorio.

8. Otro de los aspectos que tampoco ha sido merituado de forma debida ha sido el concerniente al cambio o variación que se habría establecido en relación con la participación del recurrente, modificando su condición de presunto coautor a la de autor de los hechos, pues con independencia de que tal proceder se encuentre de alguna forma amparado en el punto 14 del Acuerdo Plenario 04-2007/CJ-116 establecido por la Corte Suprema con fecha 16 de noviembre de 2007 y de que tal variación no genere consecuencias en el nivel de gravedad de los hechos atribuidos, debió merituarse que esta se produjo después de dos años en que el Ministerio Público formuló su respectivo requerimiento acusatorio.

9. Desde el punto de vista de la Sala, no se trata en el caso de autos de cualquier tipo de variación, sino de una realizada de manera sustancialmente implicante sobre la defensa emprendida por el recurrente, ya que es un hecho que durante el periodo de tiempo transcurrido toda la estrategia procesal de la defensa estuvo orientada a la desvirtuación de una modalidad de conducta que a la postre o mucho tiempo después, terminaría siendo modificada. Y es que una cosa es contar con la posibilidad de ejercer una facultad (en este caso la variación en la imputación realizada) y otra distinta realizarla de forma notoriamente irrazonable, no siendo dable que el centro de debate sea uno durante largo tiempo, para finalmente convertirse en otro distinto.

10. Conviene recordar, como lo tiene establecido este Colegiado, que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (cfr. la sentencia emitida en el Expediente 01230-2002- HC/TC, fundamento 11). De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables (cfr. la sentencia emitida en el Expediente 08125-2005- HC/TC, fundamento10).

11. En este contexto, la motivación debida de una resolución judicial supone pues, y como no puede ser de otra manera, la presencia de ciertos elementos mínimos en la presentación que el juez hace de las razones que permiten sustentar la decisión adoptada. En primer lugar, la coherencia interna, como un elemento que permite verificar si aquello que se decide se deriva de las premisas establecidas por el propio juez en su fundamentación. En segundo lugar, la justificación de las premisas externas, como un elemento que permite apreciar si las afirmaciones sobre hechos y sobre el derecho hechas por el juez se encuentran debidamente sustentadas en el material normativo y en las pruebas presentadas por el juez en su resolución. En tercer lugar, la suficiencia, como un elemento que permite apreciar si el juez ha brindado las razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados por el juez y necesarios para la solución del caso. En cuarto lugar, la congruencia, como un elemento que permite observar si las razones expuestas responden a los argumentos planteados por las partes. Finalmente, la cualificación especial, como un elemento que permite apreciar si las razones especiales que se requieren para la adopción de determinada decisión se encuentran expuestas en la resolución judicial en cuestión (cfr. la sentencia emitida en el Expediente 00728-2008- PHC/TC, fundamento 7).