Los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias no están sujetos a la duplicación del plazo de prescripción cuando no afectan el patrimonio del Estado [RN 3304-2011-Lima]

[Corte Suprema] Mediante el Recurso de Nulidad N° 3304-2011, Lima, de fecha 25ENE2012, la Corte Suprema de Justicia de la República ha desarrollado «Los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias no están sujetos a la duplicación del plazo de prescripción cuando no afectan el patrimonio del Estado». ⇒DESCARGA AQUÍ⇐


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO DE NULIDAD N.° 3304-2011-LIMA

Lima, veinticinco de enero de dos mil doсе.-

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VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por la PARTE CIVIL [Procurador Público Adjunto de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT], contra el auto superior de fojas tres mil setecientos once, del trece de julio de dos mil once, que declara fundada ld Excepción de Prescripción a favor de Óscar Gregorio Aguilar Antayhua; consecuentemente, extinguida la acción penal en el proceso seguido en su contra por el delito contra la Administración Pública -patrocinio ilegal de intereses particulares- y por el delito de Corrupción de Funcionarios-tráfico de influencias- en perjuicio del Estado; interviniendo como ponente la señorita Jueza Suprema Inés Villa Bonilla, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO:

Primero: Que la PARTE CIVIL, en su recurso fundamentado a fojas tres mil setecientos veintidós, alega: que el procesado Óscar Gregorio Aguilar Antayhua tenía la condición de servidor público de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, sujeto a obligaciones funcionales expresas contenidas en el segundo párrafo del artículo ochénta y seis del Código Tributario que enmarcan su accionar como servidor de la Institución recurrente; que, su accionar no solo menoscabó a imagen de la institución, sino que además hizo que la misma perdiera credibilidad ante la sociedad, lo cual es un patrimonio de la administración que ha sido construido a lo largo de los años. Que, resulta de aplicación al presente caso, el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal, que establece la dúplica del plazo de prescripción en caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste.

Segundo: Que, la imputación materia de acusación fiscal -según consta a fojas mil quinientos veintidós-, incide en los siguientes hechos: se atribuye al encausado Óscar Gregorio Aguilar Antayhua, en su calidad de servidor público -auxiliar coactivo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)-, haber solicitado una ventaja económica para realizar un acto ilícito aprovechando su cargo, es así que, con fecha treinta de abril de dos mil cuatro, siendo las catorce horas con veinticinco minutos, aproximadamente, recibió la suma de dos mil nuevos soles de parte de Jaime Álvarez González -representante de la empresa Agro Export Cajamarca Sociedad Anónima Cerrada-, con la finalidad de ayudar a César González Ortiz -Gerente General de la empresa donde este último prestaba servicios- en la suspensión de la cobranza coactiva que venía efectuando la SUNAT y -que se encontraba a nivel de la Superior Sala Contenciosa Administrativa, habiéndose intervenido al citado encausado por personal de la Policía Nacional de la Comisaría de Cotabambas, de Control Interno de la SUNAT y por la representante del Ministerio Público de Prevención del Delito, en el Restaurant «Quepay»; por otro lado, el denunciante Alvarez González refiere que ha girado la suma de seis mil nuevos soles a la cuenta número ciento noventa y dos – cero cuatro nueve seis siete cuatro ocho tres del Banco de Crédito, habiendo entregado la suma de treinta mil nuevos soles al señor Reque Ángeles. En tal virtud, el encausado Óscar Gregorio Aguilar Antayhua, valiéndose de su cargo y de su relación laboral con la entidad agraviada, patrocinó los intereses de la empresa Agro Export Cajamarca Sociedad Anónima Cerrada, así como de otras personas naturales, conforme se desprenden de los documentos encontrados en su escritorio personal a raíz de la diligencia de Inspección Judicial realizada el diez de junio de dos mil cuatro -entre lo que se destaca el hecho de haberse impreso un escrito dirigido al Presidente del Tribunal Fiscal, que se encontraba ubicado en un disquete, así como un archivo de sólo lectura y oculto con un archivo borrado con el Título «Expediente Número», detectado en la memoria de su computadora personal-; que, al estar laborando en el área de capacitación, habría ofrecido «influenciar» ante otro funcionario público para «ayudar» a César González Ortiz en la suspensión de la ejecución de la cobranza coactiva, ofreciéndole incluso desaparecer el expediente administrativo y que le iba a cobrar por ello la suma de cuarenta y cinco mil nuevos soles y que parte de dicho dinero estaba destinado a su «promoción» Manuel Manchego Bustamante, quien era auxiliar coactivo a cargo del expediente de cobranza coactiva, con quien trabaja «en equipo», llegando incluso a presionar a César González Ortiz para la entrega del dinero porque, de lo contrario, su «promoción» ejecutaría la cobranza coactiva.

Tercero: Que, acorde con lo previsto en el inciso primero del artículo setenta y ocho del Código Penal, la prescripción de la acción penal constituye una institución que incardina una limitación a la potestad sancionatoria del Estado o jus Runiendi, confiriéndole al tiempo efectos extintivos sobre la acción penal, en función a los márgenes temporales establecidos en el ordenamiento sustantivo, que se rigen por el criterio de gravedad del hecho punible en consonancia con la conminación penal establecida en la ley para cada figura delictiva.

Cuarto: Que, según los términos de la acusación fiscal, de fojas mil quinientos veintidós, los hechos atribuidos al procesado Óscar Gregorio Aguilar Antayhua se subsumen en los tipos penales de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias, previstos en los articulos trescientos ochenta y cinco y cuatrocientos del Código Penal, respectivamente -este último ilicito conforme lo regulado en el texto original del indicado cuerpo legal, es decir, antes de las sucesivas modificatorias contenidas en la Ley veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco y las posteriores-, los cuales prevén una gonminación penal no mayor de dos años y de dos a cuatro años de privación de la libertad, respectivamente; en ese sentido, se conctuye que los plazos de prescripción para el delito más grave es de cuatro años (prescripción ordinaria) y de seis años (prescripción extraordinaria).

Quinto: Que, para efectos del cómputo del plazo de prescripción, deviene necesario determinar el momento inicial a parir del cual se va а contabilizar dicho plazo, conforme a la regulación contenida en el artículo ochenta y dos del Código Penal, que atiende a diversas circunstancias: a la consumación del delito (en caso de delito instantáneo), al término de la actividad delictuosa (en caso de delito continuado) y a la cesación de la permanencia (en caso de delito permanente). Sexto: Que, planteadas dichas premisas, evidenciándose que en el caso de autos el cese de la actividad delictiva atribuida al encausado Óscar Gregorio Aguilar Antayhua se remonta al treinta de abril de dos mil cuatro -en que se produjo su intervención policial, conforme a los fundamentos de la acusación fiscal-, hasta el trece de julio de dos mil once -fecha de la emisión de la resolución impugnada-, han transcurrido más de siete años, superando con ello los plazos de prescripción establecidos para los delitos instruidos; consecuentemente, han operado los efectos extintivos de la prescripción de la acción penal. Sétimo: Que, en lo pertinente a la alegada aplicación de los alcances de la duplicidad del plazo de prescripción que establece el artículo ochenta del Código Penal; si bien el procesado Óscar Gregorio Aguilar Antayhua reúne la condición de servidor público-al momento de los hechos prestaba servicios en la entidad agraviada-, sin embargo, conforme a los alcances del Acuerdo Plenario uno – dos mil diez / CJ – ciento dieciséis, concretamente en su fundamento jurídico décimo quinto,[1] se exige no solamente que el sujeto activo sea un agente público (funcionario 0 servidor público), sino adicionalmente, que exista cierta vinculación con el patrimonio del Estado, esto es, que goce del ejercicio real o potencial de actos de administración; custodia o percepción sobre los bienes objeto del delito; así, apreciándose que en el caso sub-materia el citado procesado, si bien tenía el cargo de auxiliar coactivo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, sin embargo, carece de los específicos vínculos funcionales reseñados sobre bienes públicos; por otro lado, los bienes jurídicos que se tutelan en los delitos instruidos -patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias- son ajenos al patrimonio público. Por lo que, al no configurarse el supuesto contenido en el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal, no corresponde aplicar el efecto de duplicidad del plazo de prescripción. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en el auto superior de fojas tres mil setecientos once, del trece de julio de dos mil once, que declara fundada la Excepción de Prescripción a favor de Óscar Gregorio Aguilar Antayhua, consecuentemente, extinguida la acción penal en ei proceso seguido en su contra por el delito contra la Administración Pública-patrocinio ilegal de intereses particulares- y por el delito de Corrupción de Funcionarios -tráfico de influencias- en agravio del Estado; con lo demás que contiene y es materia del recurso, y los devolvieron.-

S.S.
LECARÓS CORNEJO
BARRIOS ALVARADO
PRÍNCIPE TRUJILLO 
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA

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