En situaciones donde los imputados y sus abogados alegan que la Policía Nacional del Perú (PNP) les «sembró» pruebas como drogas, armas, entre otros, la Corte Suprema ha establecido un criterio claro para contrarrestar estos cuestionamientos.
En un reciente caso de detención en flagrancia por el delito de robo agravado, los imputados fueron reconocidos plenamente por la víctima. La PNP redactó las actas de intervención y registro personal, en las cuales se incautaron drogas y un arma blanca. Sin embargo, la defensa argumentó que la policía había sembrado estas pruebas para incriminar a los detenidos.
La negativa a firmar el acta no invalida la prueba
Para rechazar la acusación de siembra, la Corte Suprema expresó que «no resultaría lógico que exista algún motivo de animadversión que incentive a los efectivos policiales a ‘sembrar’ un arma blanca al procesado y un teléfono celular de la agraviada al coprocesado». Esto refuerza la validez de las pruebas incautadas en la intervención.
Otro punto crucial en este caso fue el cuestionamiento sobre la no firma del acta de registro personal por parte del imputado. En respuesta, la Corte remarcó que, según el fundamento 8 del RN 2368-2018/Lima, la negativa del imputado a firmar las actas de registro e incautación no disminuye la eficacia probatoria de las mismas. Esta posición jurisprudencial se reafirma en el RN 1994-2018/Lima, que establece que «Los intervenidos no están en la obligación de suscribir documentos que los vinculen a un acontecimiento delictivo, pero esto no desacredita ni desmerece su intervención».
El Recurso de Nulidad RN 303-2024/Callao deja claro que la negativa a firmar un acta no invalida las pruebas obtenidas durante una intervención policial, ni desacredita la veracidad de la intervención. Este criterio refuerza la efectividad del trabajo policial y asegura la validez de las pruebas en el proceso judicial.
