[Resoluciones de la Corte Suprema] Mediante Sentencia recaída en el Recurso de Casación 624-2017-Ucayali del 15DIC2017, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se pronunció «La orden o mandato imperativo no constituye un supuesto de inducción penal». ⇒DESCARGUE AQUÍ⇐
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN 624-2017, UCAYALI
Lima, quince de diciembre de dos mil diecisiete.
VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación interpuesto por el tercero civilmente responsable, ————, contra la sentencia de vista, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, obrante a folios ochocientos ochenta y cuatro; emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones, en adición Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali; que confirmó la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, obrante a folios cuatrocientos tres, en el extremo que ordena a la recurrente el pago de la reparación civil, ascendente a trescientos mil soles, en forma solidaria con el sentenciado ———–; y el recurso de casación interpuesto por el sentenciado ———–, contra la referida sentencia de vista, en el extremo que confirmó la sentencia obrante a folios cuatrocientos tres, que lo condenó como inductor del delito contra la administración pública -negociación incompatible, en agravio del Estado -Gobierno Regional de Ucayali; a cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad, inhabilitación por el mismo plazo de la condena; y fijó en trescientos mil soles, el monto por concepto de reparación civil que deberá abonar el citado sentenciado, en forma solidaria con sus cosentenciados ———–, ———– y el tercero civilmente responsable ———–, a favor de la parte agraviada.
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Hinostroza Pariachi.
FUNDAMENTOS DE HECHO
Primero. El señor Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, formuló acusación penal, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, contra ———-, ———- y ———–, en calidad de autores del delito contra la Administración Pública-negociación incompatible, en agravio del Gobierno Regional de Ucayali. Con fecha once de agosto de dos mil quince, se integró la acusación del treinta y uno de octubre de dos mil catorce.
Segundo. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, mediante resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictó auto de enjuiciamiento en los siguientes términos:
Determinó como acusados, a ———-, ———– y ———–, en calidad de autores del delito contra la Administración Pública-negociación incompatible, en agravio del Gobierno Regional de Ucayali.
Las partes constituidas, además de los mencionados procesados, fueron los siguientes: a) como tercero civilmente responsable, la empresa ———–; b) como actor civil, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción; entidad que sustentó su pretensión resarcitoria en la suma de quinientos mil soles, que deberá ser abonada por los citados acusados, en forma solidaria con el tercero civilmente responsable.
Tercero. A través de la resolución de quince de diciembre de dos mil quince, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, dispuso la instalación del juicio oral, realizándose en las sesiones en diversas fechas de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciséis, y enero de dos mil diecisiete.
[Continúa…]
| Fundamento destacado: Vigésimo Sexto. Sin embargo, las instancias de mérito estimaron que la orden, dada por el citado acusado, a su coprocesado ———–, era una incitación, una provocación o un convencimiento, para que este último perpetre un delito negociación incompatible que no tenía previsto realizar; por ello lo condenaron como Inductor. Como puede apreciarse, los jueces de mérito interpretaron erróneamente el artículo 24° del Código Penal; por cuanto, una “orden” o “mandato”, lo consideraron como una incitación o provocación. Una simple interpretación literal de la norma sustantiva, nos indicará que una orden, de ninguna manera significa “determinar a otro”; elemento normativo que forma parte de la Instigación. Vigésimo Séptimo. En consecuencia, es patente que se interpretó erróneamente la figura de la instigación, y, por ende, se aplicó incorrectamente el artículo 24° del Código Penal. En conclusión, debe estimarse el recurso de casación, también, por la causal de errónea interpretación de la Ley Penal; correspondiendo, aplicar el artículo 433°, inciso 2, del Código Procesal Penal, en este extremo; y, por tanto, debe realizarse un nuevo juzgamiento, a cargo de otro Colegiado Superior. |
DECISIÓN
Por estos fundamentos, declararon:
I. FUNDADO el recurso de casación excepcional, interpuesto por el procesado ———–,
por las causales previstas en los incisos 1) y 3) del artículo 429° del Código Procesal Penal, por inobservancia de la garantía constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales y errónea interpretación del artículo 24° del Código Penal.
II. CASARON la sentencia de vista, de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en el extremo que confirmó la sentencia de primera instancia, que condenó al procesado ———–, como inductor del delito contra la administración pública negociación incompatible, en
agravio del Estado – Gobierno Regional de Ucayali: a cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad; inhabilitación por el mismo plazo de la condena; y, fijó en trescientos mil soles, el monto por concepto de reparación civil, que deberá abonar el citado sentenciado, en forma solidaria con sus cosentenciados ———–, ———– y el tercero civilmente responsable La ———-, a favor de la parte agraviada. En consecuencia: NULAS, la sentencia de vista y la de primera instancia, ya mencionadas; y CON REENVÍO ORDENARON se realice nuevo juicio oral, por otro Juez Unipersonal; debiendo tenerse presente los fundamentos de la presente Ejecutoria Suprema.
III. ORDENARON la inmediata libertad del encausado ———-, de conformidad con lo establecido en el artículo 435° del Código Procesal Penal, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva, emanado de autoridad
competente.
IV. FUNDADO el recurso de casación excepcional, interpuesto por el tercero
civilmente responsable, La ———–, por la causal prevista en el artículo 429°, inciso 3, del Código Procesal Penal – errónea interpretación del artículo 111° del Código Procesal Penal, indebida aplicación del artículo 1978° del Código Civil y falta de aplicación del
artículo 1981° del Código Civil.
V. CASARON la sentencia de vista del veintisiete de abril de dos mil diecisiete, obrante a folios ochocientos ochenta y cuatro, en el extremo que confirmó la sentencia de primera instancia, que ordena a la citada recurrente, el pago de la reparación civil, ascendente a trescientos mil soles, en forma solidaria con el sentenciado ———–; y SIN REENVÍO, actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primera instancia emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en dicho extremo; y reformándola, declararon IMPROCEDENTE la pretensión civil formulada por el representante
del Ministerio Público, respecto al tercero civilmente responsable, La ———–.
VI. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por intermedio de la Secretaría de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes.
VII. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.
S. S.
HINOSTROZA PARIACHI
FIGUEROA NAVARRO
PACHECO HUANCAS
CEVALLOS VEGAS
CHÁVEZ MELLA
