El Congreso de la República ha tomado medidas frente a la acción de un sector del Ministerio Público (MP), que intentó contravenir la Ley 32130 mediante la implementación de un reglamento interno que, según los legisladores, vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho. En respuesta, el Congreso presentó una denuncia constitucional contra la Junta de Fiscales Supremos por varios delitos, entre los que se incluyen:
- Prevaricato
- Falsedad Genérica
- Abuso de autoridad
Estas acciones podrían acarrear penas establecidas en el Código Penal, así como la inhabilitación por 10 años para los responsables.
Desde el Congreso, se ha expresado un firme rechazo ante lo que consideran una transgresión a la ley y un intento de ingobernabilidad por parte de un sector ideologizado dentro del MP. Esta denuncia constitucional busca salvaguardar el estado de derecho y garantizar que las instituciones del país operen conforme a la ley, sin interferencias políticas que puedan socavar su funcionamiento adecuado.
