La Fiscalía Penal de Huaraz solicitó 18 meses de prisión preventiva para un miembro de JURISPOL, acusado de omisión de funciones y encubrimiento, tras la versión de la S2 Tatiana Aguilar Mendoza, quien alegó haber presenciado la agresión y amenaza a su custodio (Testigo Protegido) por parte de dicho miembro. Sin embargo, se demostró que la versión de la suboficial era falsa, respaldada por las cámaras de seguridad que confirmaron que ella no estuvo en el lugar de los hechos cuando ocurrieron.
Falsificación de información y detención arbitraria
La suboficial Aguilar Mendoza insertó información falsa en los registros oficiales, indicando que presenció un acto ilícito que no ocurrió. Las cámaras de seguridad evidenciaron que, en el momento de los hechos, ella estaba en su domicilio y luego se desplazó en motocicleta al lugar, cuando su responsabilidad era estar junto a su custodio. Esta falsificación de información provocó que el Alférez PNP, Pavel Berlanga Pérez, detuviera arbitrariamente al miembro de JURISPOL sin realizar el acta de intervención correspondiente, solo registrando un «apoyo» y redactando la notificación de detención varias horas después de los hechos.
Además, se descubrió que la detención fue justificada como «flagrancia» basándose únicamente en el parte de la suboficial Aguilar, quien ya había insertado datos falsos. Los hechos irregulares fueron coordinados con la Comandante PNP Geraldine Alegre Botetano, quien se negó a entregar las cámaras de seguridad de la comisaría de Huaraz, lo que incrementó las sospechas de encubrimiento.
Desistimiento del MP y liberación del miembro de JURISPOL
A pesar de las acusaciones iniciales, el Ministerio Público, al evaluar las pruebas presentadas, desistió de su solicitud de prisión preventiva contra el miembro de JURISPOL, reconociendo la falsedad de las versiones. En consecuencia, el Juez de Investigación Preparatoria ordenó su inmediata liberación, aunque las autoridades siguen investigando los actos ilícitos cometidos por los oficiales involucrados.
Acción inmediata contra los responsables
Frente a los claros actos ilícitos cometidos por los efectivos policiales, el equipo legal de JURISPOL actuó sin titubeos, denunciando penal y administrativamente a los responsables. Los funcionarios involucrados enfrentan graves cargos bajo la Ley 30714 del régimen disciplinario de la PNP, específicamente por la creación e inserción de información falsa en los registros policiales y por abuso de funciones, entre otras infracciones graves.
Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener la transparencia y la legalidad dentro de las instituciones, denunciando los actos de corrupción y falsificación que amenazan la confianza pública en las fuerzas del orden.
