|Resoluciones del Tribunal Constitucional| Mediante Sentencia del 29MAR2023, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, en el Exp. 00956-2022-PHC/TC, se pronunció «Revocatoria de pena a madre soltera exige evaluar el interés superior del niño antes de hacerla efectiva» ⇒DESCARGA AQUÍ⇐
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 00956-2022-PHC/TC
AMAZONAS
ELIZABETH SILVIA PALACIOS
VILCA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 29 días del mes de marzo de 2023, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Monteagudo Valdez, Pacheco Zerga y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Allem Rodas Tenorio abogado de doña Elizabeth Silvia Palacios Vilca contra la Resolución 12, de folio 752, del 27 de octubre de 2021, expedida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Demanda
El 9 de abril de 2021, don Andy Nelson López Gonzales interpone demanda de habeas corpus[1] a favor de doña Elizabeth Silvia Palacios Vilca y la dirige contra doña Susan Letty Carrera Túpac Yupanqui, jueza del Tercer Juzgado Penal Liquidador de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; y contra los integrantes de la Sala Penal Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, magistrados Bernardo Alcibiades Pimentel Zegarra, Carlos Abraham Carvo Castro y Milena Anaya Castro. Alega la afectación de los derechos a la libertad personal y al debido proceso; así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad y el interés superior del niño.
Solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones emitidas en un proceso penal contenido en el Expediente 00048-2011-22-1501-JR-PE07:
- Resolución 15, del 12 de diciembre de 2017[2], mediante la cual se resuelve revocar la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a la favorecida de 3 años de pena privativa de la libertad; en consecuencia, se dispuso que dicha pena se haga efectiva en el proceso penal seguido en su contra por el delito de colusión;y
- Resolución 24, del 18 de mayo de 2018[3], mediante la cual se confirma la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena.
Refiere que en el proceso penal seguido en contra de la favorecida por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, mediante resolución del 22 de noviembre de 2016[4], fue condenada a tres años de pena privativa de la libertad en calidad de cómplice primaria, suspendiéndose su ejecución por el periodo de prueba de dos años. Se establecieron las reglas de conducta a la que quedaba sometida, entre las que se encontraba el pago de la reparación civil por la suma de un millón quinientos mil soles en el plazo de doce meses, que deben pagar los sentenciados en forma solidaria, con sus bienes propios y libres a favor de la parte agraviada, reservándose el proceso respecto de otros procesados.
Aduce que la favorecida ha pagado dos mil soles por el concepto de pago de la reparación civil, dado que sus precarios ingresos no le permiten un pago mayor, más aún si el 27 de junio de 2017 nació su menor hija, la que requiere de manutención, y al ser madre soltera, tiene toda la responsabilidad económica. Señala que la jueza emplazada ha emitido la decisión judicial cuestionada y ha procedido a revocar la suspensión de la ejecución de la pena a la favorecida, disponiendo que se haga efectiva la pena impuesta, bajo el argumento de que han transcurrido los 12 meses otorgados para el pago de la reparación civil.
Refiere que es madre soltera de una menor, siendo la beneficiaria la única persona que vela por su bienestar, sus necesidades y cuida de ella, razón por la que considera que la decisión que han tomado los emplazados afecta de manera indirecta a su menor hija, ya que de ejecutarse la privación de la libertad tendrá que ingresar a un albergue infantil.
Contestación de la demanda
El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda de habeas corpus[5] y sostiene que debe ser declarada improcedente, en atención a que se verifica que los cuestionamientos realizados por la demandante no se encuentran directamente referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad. Respecto a la denuncia a la afectación del principio del interés superior del niño, considera que dicha pretensión debería de abordarse mediante el proceso de amparo; por otro lado, refiere que las decisiones judiciales cuestionadas se encuentran debidamente motivadas.
[…]
| FUNDAMENTO RELEVANTE: 10. Del contenido de la Resolución 24, que confirmó la decisión de revocar la suspensión de la pena y convertirla en efectiva, se advierte que la Sala Superior no analizó el argumento esgrimido por la beneficiaria en su recurso de apelación, donde solicitó se tome en consideración su condición de madre soltera de una menor de edad y único sustento para la manutención de esta, que le impide haber pagado en su integridad la reparación civil, aunque sí parcialmente. 11. A juicio de este Colegiado se debe tener presente lo siguiente:
|
[Continúa…]
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus respecto del cuestionamiento al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; y, en consecuencia, declarar NULAS la Resolución 24, del 18 de mayo de 2018, emitida por la Sala Penal Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; y la Resolución 15, del 12 de diciembre de 2017, emitida por el Tercer Juzgado Penal Liquidador de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín.
2. ORDENAR al Tercer Juzgado Penal Liquidador de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín emitir nuevo pronunciamiento respecto a la situación jurídica de la sentenciada Elizabeth Silvia Palacios Vilca sobre la procedencia o no de la revocatoria de suspensión de la pena, emitida en el proceso penal contenido en el Expediente 00048-2011-22-1501-JR-PE-07; conforme a lo dispuesto en la presente sentencia.
3. ORDENAR a la parte demandada el pago de los costos procesales que se liquidarán en ejecución de sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MONTEAGUDO VALDEZ
PACHECO ZERGA
OCHOA CARDICH
