En un avance importante hacia la reestructuración del sistema de justicia, se ha presentado un proyecto de ley que propone una modificación al Código Procesal Penal. La iniciativa plantea que la Policía Nacional del Perú (PNP) asuma la investigación integral de los delitos, mientras que el Ministerio Público (MP) se limite exclusivamente a la conducción legal de la investigación, garantizando el debido proceso legal.
Según este proyecto, la PNP tendría la responsabilidad de llevar a cabo la investigación desde su inicio, sin depender de la intervención directa del Ministerio Público en las etapas de recolección de pruebas o en el desarrollo de la investigación criminal. El MP sería el encargado de verificar y asegurar que los procedimientos sean legales, pero no se involucraría directamente en los procedimientos operativos realizados por la PNP.
Reforzamiento de la autonomía policial en la investigación criminal
Este cambio busca otorgar mayor autonomía a la Policía Nacional, destacando su capacidad para gestionar los casos de manera eficiente y profesional. En este contexto, se especifica que solo la Dirección de Criminalística de la PNP y sus oficinas regionales serían responsables de realizar los análisis y pericias forenses, garantizando que los elementos de prueba sean manejados conforme a los estándares técnicos establecidos en la ley.
Este proyecto busca optimizar la estructura de las investigaciones penales, con la PNP actuando como líder en la recolección y análisis de pruebas, mientras que el Ministerio Público velaría por el cumplimiento de la ley en cada proceso, sin intervenir en actos propios de la competencia exclusiva de la policía.
Impacto en la relación entre la PNP y el MP
Con esta propuesta, el Ministerio Público jugaría un papel más centrado en la supervisión de la actuación policial, evitando la interferencia en aspectos operativos que corresponden a la policía. Este modelo podría mejorar la eficiencia y la rapidez en las investigaciones criminales, permitiendo una separación más clara de funciones entre ambas entidades.
En resumen, este proyecto de ley busca potenciar la efectividad de la investigación criminal en el país, dando mayor protagonismo a la Policía Nacional en la investigación directa de los delitos, mientras que el Ministerio Público se enfocaría en garantizar la legalidad de los procedimientos. Esta medida tiene como objetivo hacer más eficientes los procesos judiciales, con el fin de proporcionar una respuesta más rápida y efectiva en la lucha contra la criminalidad.
