La reciente propuesta legislativa presentada por el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 5525-2022, busca incorporar el delito de terrorismo urbano al Código Penal, lo que generó una fuerte oposición por parte del Ministerio Público (MP). En su Informe 0017-2023-MO-FN, el MP argumenta que esta iniciativa no resulta viable y podría tener consecuencias negativas tanto para el sistema judicial como para los derechos fundamentales de los acusados.
Argumentos del Ministerio Público contra la propuesta
Según el informe emitido, la propuesta de terrorismo urbano podría generar una «doble incriminación» para los delincuentes, lo que, según el MP, afectaría los derechos humanos de los mismos al crear un marco legal más punitivo sin considerar adecuadamente las garantías constitucionales. El Ministerio Público también señala que el proyecto de ley no se ajusta a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Perú, y podría vulnerar principios fundamentales como la proporcionalidad y la no discriminación, que son reconocidos por las cortes internacionales.
El Congreso presentó este proyecto con la intención de fortalecer la lucha contra el terrorismo urbano, que ha ganado relevancia en el contexto de la violencia política y la radicalización de grupos en áreas urbanas. Los legisladores defienden la necesidad de contar con herramientas legales más específicas para combatir este tipo de delitos, que han afectado la seguridad y estabilidad del país.
¿Qué opinas sobre la posición del MP?
El debate se ha intensificado en torno a la postura del Ministerio Público de defender los derechos de los presuntos delincuentes. Por un lado, se argumenta que es necesario proteger los derechos humanos para evitar abusos y garantizar un sistema judicial justo. Por otro lado, hay quienes consideran que, frente a la creciente violencia y las amenazas del terrorismo urbano, el país necesita adoptar medidas más contundentes para proteger la seguridad pública y castigar con mayor severidad a los responsables de estos delitos.
Este tema genera un importante debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente cuando se trata de individuos que podrían estar involucrados en actos de violencia.
