En un giro sorprendente y frustrante para la justicia, un juez de Investigación Preparatoria en San Juan de Lurigancho ordenó la libertad de los secuestradores que mantenían cautivo a un empresario cevichero. Estos delincuentes exigían medio millón de soles por su liberación y sometieron a la víctima a torturas graves, incluidas cortes en varias partes del cuerpo.
Un error que beneficia a los delincuentes
La causa de esta liberación radica en un error procesal cometido por el Fiscal Ernesto Osorio Farfán, quien, a pesar de que la prisión preventiva de los secuestradores vencía, omitió solicitar su prórroga en el tiempo establecido. Como resultado, el juez, al no recibir el requerimiento del fiscal, se vio obligado a ordenar la liberación de los secuestradores, bajo la condición de pagar una caución de S/50,000.
Este fallo pone en evidencia una grave falla en el sistema judicial y genera un fuerte impacto en la lucha contra la criminalidad. La PNP había realizado una intervención exitosa, rescatando con vida al empresario y logrando la detención de los delincuentes. Sin embargo, el proceso judicial dejó en libertad a los secuestradores, lo que pone en peligro la efectividad de las investigaciones y abre espacio a la impunidad.
Frustración y desconfianza
Este incidente resalta la ineficiencia del sistema judicial ante un caso de secuestro tan grave. A pesar del esfuerzo de la Policía Nacional, que actuó con rapidez y profesionalismo, los secuestradores han sido puestos en libertad, lo que deja una sensación de impunidad y desconfianza en la justicia.
