Acta de incautación de la PNP o MP no procede si es irregular o ilegal

Regulación de la Incautación: La Corte Suprema ha determinado que no procede una incautación de bienes si esta se realiza de manera irregular o ilegal. Existen tres formas específicas de incautación, conforme al protocolo de incautación y comiso.

Casos de incautación irregular

En un reciente caso, la Corte Suprema rechazó la incautación de un equipo celular entregado por una de las partes involucradas, tras analizar el proceso de acta de incautación. Según la sentencia, el celular no fue incautado, sino entregado voluntariamente por la ciudadana, quien lo entregó como parte de su denuncia.

Tres formas de incautación

  1. Incautación Instrumental: Realizada por la Policía Nacional o el Ministerio Público, conforme a las normas establecidas.
  2. Incautación Cautelar: Procedimiento autorizado por un juez para asegurar bienes que puedan servir como prueba en un proceso judicial.
  3. Comiso: Procedimiento en el que se determina la confiscación de bienes vinculados con delitos.

Razón del rechazo

  • La Corte considera que, en este caso, el equipo celular no fue incautado bajo los procedimientos legales, sino que fue entregado voluntariamente por la denunciante. De acuerdo con el documento, aunque se afirmaba que se trataba de una incautación, la entrega del bien fue realizada por acuerdo de la parte afectada, lo que invalida la acción de incautación bajo el marco legal.

Consecuencias de una Incautación Irregular:

Cualquier acta de incautación que no cumpla con los protocolos establecidos será considerada irregular y no tendrá validez en un proceso judicial. Esto resalta la importancia de seguir los procedimientos legales y garantizar que las incautaciones se realicen de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

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👨🏻‍🏫 Explicado por Yury Toscano:
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@yurytoscanojurispol Incautación solo en flagrancia? #incautaciondelapolicia #yurytoscanojurispol #jurisprudenciapolicial #codigoprocesalpenal ♬ Tengo Un Plan – Key-Key

Este caso destaca la importancia de realizar las incautaciones conforme al marco legal, y refuerza el principio de protección de los derechos de las personas involucradas en cualquier procedimiento judicial.

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